Comentario a la STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014, en materia de tráfico e identificación veraz del conductor.

     La cuestión de fondo planteada en este recurso de amparo es la clase de infracción que debe sancionarse cuando el titular de un automóvil denunciado suministra a la Administración los datos del conductor y éste niega cualquier participación en los mismos.

     En efecto, en estos casos podemos preguntarnos si debe sancionarse por la infracción del deber establecido en el art. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo o si por el contrario debe sancionarse por la infracción cometida en origen, en este caso la de estacionar indebidamente.

     Descendiendo a los antecedentes de hecho concretos del caso que nos ocupa, resulta que al no poder ser notificada la denuncia por estacionamiento indebido en el acto, se notificó al titular del automóvil, haciéndole saber que debía proceder a comunicar el nombre, domicilio y demás datos de la persona que, en la fecha de la denuncia, conducía el automóvil, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo así, sería considerado autor de una falta muy grave por infracción del deber establecido en el art. 72.3 de la LSV.

     El titular del automóvil se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente (JPT) indicando que en la fecha en la que se formuló la denuncia no era el conductor del vehículo  y aportó los datos identificadores (nombre, apellidos y domicilio) de la persona que lo conducía, a quien la JPT notificó la denuncia. No obstante, aquélla presentó escrito manifestando que “no es titular, ni conductora del vehículo a cuya denuncia se refiere el presente expediente sancionador, por lo que proceda al archivo del mismo”.

     Como consecuencia de lo anterior la JPT tramitó contra el titular del vehículo y demandante de amparo expediente sancionador imputándole la infracción muy grave consistente en no haber identificado verazmente al conductor del vehículo denunciado, a pesar de haber sido debidamente requerido para ello. Sin embargo el demandante de amparo consideraba que cumplió en todo momento con la obligación de identificar al conductor de forma suficiente y precisa para que la JPT pudiera dirigir el procedimiento sancionador contra el conductor infractor, por lo que la consecuencia al hecho de que la supuesta infractora negara los hechos debería conllevar en su caso la sanción al titular del automóvil por la infracción de estacionar indebidamente pero no por el incumplimiento del deber de identificar.

     El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del recurso entre otras cosas por la manifiesta negativa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional, toda vez que, no obstante reseñarse en el hecho tercero de la demanda la STC 111/2004, de 12 de julio, se ha obviado el contenido de la misma, como asimismo la reiterada doctrina constitucional existente en este sentido.

     El Tribunal Constitucional, al resolver el recurso amparo planteado (STC 29/2014 de 24 de febrero), indica que el asunto presenta ciertas similitudes con los casos resueltos en las SSTC 111/2004, de 12 de julio; 54/2008, de 14 de abril; 36/2010, de 19 de julio; 30/2013, de 11 de febrero, y 45/2013, de 25 de febrero, en la medida en que (i) se combate una resolución administrativa que impuso una sanción por no identificar al conductor del vehículo que había cometido una infracción de tráfico, y (ii) se invoca la lesión del derecho fundamental a la legalidad sancionadora. Ello no obstante, considera que hay dos diferencias claras que llevan a desestimar el amparo solicitado.

      En primer lugar, señala que las tres primeras resoluciones citadas se dictaron teniendo en cuenta una tipificación de la conducta infractora distinta a la contenida en el art. 72 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV) tras la reforma operada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, aplicable a la sanción ahora cuestionada. Así, si el art. 72. 3 LSV, en la redacción del artículo único.31 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, se limitaba a establecer el deber de identificar al conductor, tras la reforma de 2005, el art. 72.3 LSV establece, ya expresamente, el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

     En segundo lugar, indica que en los casos resueltos por las Sentencias citadas, la cuestión planteada versaba sobre la suficiencia de los datos aportados sobre la identidad del conductor (en concreto, cuando no se indicaba el Documento Nacional de Identidad o el nº del permiso de conducir) y, al igual que en el caso resuelto por la STC 111/2004, de 12 de julio, en ninguna de ellas la Administración intentó siquiera comunicar con la persona identificada, a pesar de lo cual concluyó sancionando al propietario por incumplimiento del deber de identificación a la vista de la omisión de determinados datos que ni siquiera eran exigidos por la norma vigente en el momento de la comisión de los hechos.

     Sin embargo, en el supuesto que dio lugar al recurso de amparo, la Administración realizó las actuaciones necesarias para incoar el procedimiento sancionador contra el conductor identificado por el propietario, sin que, ante la negativa del identificado como conductor, le sea a ésta posible realizar otras actuaciones o practicar nuevas pruebas dirigidas a comprobar la veracidad de la identificación antes de incoar el correspondiente procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor.

     Así, y a pesar de que la resolución administrativa sancionadora no incluye una motivación expresa acerca del concreto hecho constitutivo de la infracción, parece haberse fundado en la negación de los hechos por parte de la persona identificada como conductora del vehículo para considerar que el demandante de amparo había incumplido la obligación de identificar verazmente al conductor del vehículo objeto de la denuncia.

     Concluye señalando que la exigencia de que la identificación del conductor sea veraz o verosímil es un requisito expresamente contemplado en la norma. Así pues, si el cumplimiento del deber impuesto en el art. 72.3 LSV exige no sólo la identificación suficiente sino, además, veraz o verosímil del conductor, la interpretación según la cual el deber de identificación veraz no se habría cumplimentado en los términos legalmente exigidos cuando no quede acreditado que la persona identificada como conductora lo sea realmente, encaja en el sentido literal de la norma.

     En otras palabras, la interpretación según la cual la tajante negativa del identificado como conductor puede suponer una identificación inverosímil o inveraz que permite por tanto sancionar al titular del automóvil.

La interrupción de la prescripción se mantiene efectiva aunque se declare nulidad de actuaciones.

      Una de las cuestiones que más me preocupa en el día a día, viendo la saturación de los juzgados y los constantes recursos interpuestos por las defensas para alargar las instrucciones es la posible prescripción de los delitos, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal (ex art 130.6 CP).

     En una entrada anterior ya traté la cuestión de los actos procesales con virtualidad interruptiva de la prescripción (aquí). A continuación, y si bien relacionado con lo anterior, me centro en un aspecto muy concreto de la instrucción. ¿Se entiende interrumpida la prescripción aunque se declare la nulidad de las actuaciones?

     Para resolver esta cuestión es imprescindible citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 (Ponente Luciano Varela Castro), que estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz por el que se acordaba el sobreseimiento libre de la causa (art. 637.3º LECrim.) al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los inculpados por prescripción del presunto delito.

    La sentencia, si bien recoge el voto particular de un magistrado, acoge el acuerdo adoptado por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala el 27 de abril de 2011 que concluyó que “las actuaciones declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su momento”.

     Respecto al iter procesal del asunto hay que tener en cuenta lo siguiente:

     - El Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura de juicio oral el 14 de mayo de 2001.

     - En 18 de diciembre de 2001 da traslado a los imputados para formular calificación, sin que ordenara el traslado a la defensa de los responsables civiles.

     - Tras varias actuaciones tendentes a determinar la competencia para conocer del asunto, el Juzgado de lo Penal de Badajoz se inhibe, mediante resolución de 27 de marzo de 2003, en favor de la Audiencia de Badajoz.

     - El día 26 de marzo de 2003 había sido solicitada la nulidad de actuaciones por omitirse el traslado a los responsables civiles para emitir escrito de calificación, petición que fue estimada por la Audiencia en auto de 1 de septiembre de 2004, que decidió: a) la nulidad de lo actuado con reposición del procedimiento al momento en que dicho traslado debió haber sido dado y b) mantener las actuaciones no viciadas de nulidad.

      – Hasta el 16 de diciembre de 2007 no se cumplimenta por el Juzgado de Instrucción lo ordenado por la Audiencia, dando traslado de las actuaciones a los responsables civiles para formular calificación provisional.

      La cuestión que suscita la resolución de la Audiencia Provincial es la de si concurren el presupuesto de paralización del procedimiento durante tiempo suficiente para que deba ser declarada extinguida la responsabilidad criminal de los imputados acusados.

      Tal y como indica la sentencia, la respuesta se hace depender de la determinación de los actos del procedimiento, ocurridos después del 18 de diciembre de 2001, a los que se les pueda atribuir efectos interruptivos de la prescripción y, en particular, si la declaración de nulidad por auto de 1 de septiembre de 2004, con orden de reposición al trámite dispuesto por resolución de diciembre de 2001 para dar traslado para calificación a los responsables civiles, da lugar a una situación equivalente a la de total inexistencia de dichas actuaciones posteriores a aquel momento o; si por el contrario, pese a la reposición ordenada, los actos posteriores al momento al que se remite la reposición mantienen la efectividad interruptora de la prescripción.

      La sentencia considera que el auto de 1 de Septiembre de 2004, cuya propia parte dispositiva salva de la nulidad que declara los actos que fueron válidos, debe estimarse válido, y de acuerdo con la opinión del Pleno no Jurisdiccional, declara que dicho auto interrumpió la prescripción.

       En efecto, en su FJ3 indica que

     “La aplicación de lo acordado por el Pleno no jurisdiccional implica que las actuaciones nulas, aunque no produzcan el efecto de dejar subsistente lo que en ellos se ordena, en cuanto han existido producen la irrevocable consecuencia de interrumpir el transcurso de tiempo con consecuencias extintivas de responsabilidad por prescripción.

    Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal  establece que  el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento.

     Anular  una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia…

     La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad. En los sistemas que conciben la prescripción como causa de extinción de responsabilidad criminal de naturaleza material, y no meramente procesal, no recogen la norma que priva de trascendencia interruptora a los actos no válidos. Lo que sí hace el Código de Procedimiento francés, precisamente porque considera la prescripción como un instituto procesal”.

     No se puede concluir el comentario de la sentencia sin significar cual es la posición del magistrado que formula el voto particular, quien considera que si bien del examen de la jurisprudencia de la Sala existe una opinión mayoritaria a estimar que en caso de nulidad de actuaciones, aquellas resoluciones de contenido sustancial que caen dentro del ámbito temporal de la nulidad acordada mantienen su vigencia cuando la causa de la nulidad no les afecta –SSTS 1050/1997, 438/2003 y 263/2005–, también existe una resolución, la STS 1580/2002, que estima que a consecuencia de la nulidad acordada, todas las actuaciones que caigan dentro del periodo de la nulidad decretada carecen de toda virtualidad a los efectos de interrumpir la prescripción, de manera que en este caso, cuando la “vuelta atrás” de la causa a consecuencia de la nulidad declarada supone el transcurso de un tiempo superior al fijado en la Ley para la prescripción del delito, ésta debió declararse.