Plazos para personarse como acusación particular

  Esta entrada viene motivada por una providencia notificada recientemente en la que se acordaba no haber lugar a la personación de la Abogacía del Estado por entender que habiéndose formulado la calificación por el Ministerio Fiscal no es ya momento procesal oportuno para ello.

     Al margen de que el escrito de personación se había presentado meses antes de que se formulara la calificación por el Fiscal (hecho que por sí mismo determinaría que debiera aceptarse la misma), se me planteó la cuestión de hasta cuándo podía personarme en un proceso penal como acusación particular y, como consecuencia de lo anterior, hasta cuándo era posible presentar el escrito de acusación.

     Pues bien, examinada la cuestión, formulé recurso de reforma frente a la citada providencia (que todavía está pendiente de resolverse) sobre la base de dos ideas básicas.

     En primer lugar, como es de sobra sabido, existe la obligación legal de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito. Es decir, el Secretario Judicial les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales les correspondan, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

      La obligatoriedad de realizar este ofrecimiento de acciones es tal que, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 900/2006 de 22 de septiembre se aclaró que para el caso de que no se hubiera llevado a cabo el mismo, y a los efectos de evitar una clara indefensión en caso contrario, debía permitirse al ofendido que no se hubiera personado por este motivo como Acusación Particular conocer en todo caso el contenido de la causa, calificar los hechos y proponer prueba de su interés, ello, siempre que fuera posible hacerlo teniendo en cuenta la fase en la que el procedimiento se encontrara; en caso de que no se pudiera llevar a cabo esta actuación procesal, se decretaría la nulidad de lo actuado de conformidad con el art. 240.2 LOPJ y la reposición de la causa al momento procesal que permitiera realizar el preceptivo ofrecimiento de acciones al perjudicado.

      Es decir, que no habiéndose realizado ofrecimiento de acciones al perjudicado y no constando que se hubiera dado traslado a la defensa para formular el escrito de defensa correspondiente, debería permitirse a la Abogacía del Estado calificar los hechos y proponer prueba, pudiendo incluso de no ser así solicitar la nulidad de lo actuado y la reposición de la causa al momento procesal oportuno, con el consiguiente e indeseado retraso de la tramitación.

       Y en segundo lugar, y si bien es cierto que el artículo 110 LECrim en su apartado primero establece que “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”, el Tribunal Supremo viene reconociendo que la personación como acusación particular en un proceso penal puede efectuarse después del trámite de calificación del delito, llegando incluso hasta el mismo acto del juicio oral.

      Es decir, que sin necesidad de que se haya presentado escrito de acusación ni haberse personado como Acusación Particular con carácter previo, se puede intervenir el mismo día del juicio, personarse “apud acta” y hacer las conclusiones que se estimen convenientes como Acusación particular.

      Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia 170/2005 de 18 de febrero, al indicar que

      ”no hay obstáculo para que si la víctima comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, así como adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso. En todo caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de la sesión previsto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación se hará por analogía cuando las conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con la del resto de las acusaciones”.

      Este mismo criterio se consolidó por el propio Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1140/2005 de 3 de octubre, en cuyo Fundamento de Derecho 4º se establece:

      “Por otra parte, y a mayor abundamiento, no se puede olvidar, como recuerda la Sentencia de esta Sala 170/2005, de 18 de febrero, que la regulación del modo y manera en que las víctimas pueden personarse en el procedimiento ha sufrido modificación en el transcurso de este procedimiento. El antiguo artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remitía a los art. 109 y 110 del mismo texto legal, lo que llevaba a la interpretación de que su personación sólo se podía realizar antes del trámite de calificación. Esta interpretación, excesivamente rigurosa, no encaja con el principio de igualdad de armas, tanto de la acusación como de la defensa, por lo que debe ser analizado en el momento de producirse la personación cuando todavía no había entrado en vigor la actual redacción. El vigente artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal soluciona el problema, ajustándose más a la previsión constitucional y exigiendo que, en todo caso, aunque la víctima no sea parte en el proceso deberá ser informada por escrito de la fecha y lugar de la celebración del juicio. Con la actual regulación quedan sin efecto las previsiones del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por dejación de derechos de la víctima, no hay obstáculo para que si comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso.”

      Y también podemos citar la Sentencia núm. 271/2010 de 30 de marzo.

    De acuerdo con lo anterior, la personación de la Abogacía del Estado en dicho procedimiento podría tener lugar incluso el mismo día del juicio oral, pudiendo formular en ese momento las conclusiones que tuviera por conveniente.

     Ello no obstante, y en aras de la garantía del derecho de defensa, lo más conveniente sería que se estimando el recurso se admitiera la personación con traslado de la totalidad de la causa y se le permitiera formular escrito de conclusiones provisionales.

La perpetuatio jurisdictionis en el ámbito penal

    ¿Hasta cuándo puede declararse la incompetencia del órgano judicial en el seno de un proceso penal?

   Esta pregunta engarza directamente con un caso de contrabando y falsificación de efectos timbrados llevado por una compañera de la Abogacía.

     La instrucción del proceso se había llevado en Zaragoza y, una vez culminada la misma, el Juzgado de Instrucción acordó remitir las actuaciones al órgano competente para su enjuiciamiento, es decir, al Juzgado de lo Penal que por turno correspondiera.

     Recibida por el Juzgado de lo Penal, y tras alguna resolución del mismo (declarando la insolvencia de los acusados y ordenando la destrucción del tabaco), finalmente dictó auto aprobando la proposición de prueba y ordenando la apertura del juicio oral con señalamiento del día en que debían comenzar las sesiones.

      Pues bien, dos días antes del juicio se planteó por el Ministerio Fiscal la inhibición del Juzgado de lo Penal en favor del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional por considerar que a ella correspondía la competencia objetiva para conocer del delito de falsedad de efectos timbrados (que además consideraba cometido en Taiwan), y por ende, por razones de conexidad (ex art 65 LOPJ), el delito de contrabando.

     El Juzgado de lo Penal acordó inhibirse en favor del Juzgado Central de lo Penal, resolución frente a la cual la Abogacía del Estado interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, a la postre desestimados, lo que determinó la remisión de la causa a la Audiencia Nacional.

    Sin embargo, el Juzgado Central de lo Penal rechazó de plano su competencia mediante Auto de 2 de marzo de 2012, con los razonamientos que ahora indicaremos, acordando que se devolvieran las actuaciones al Juzgado de lo Penal de Zaragoza para que, en su caso, planteara ante el Tribunal Supremo la correspondiente cuestión de competencia, cosa que no ocurrió, ya que el Juzgado de lo Penal acabó asumiendo la competencia.

       Lo primero que hace el citado auto es dar un “tirón de orejas”, si se me permite la expresión, al Juzgado de lo Penal, al indicar que dado que la inhibición del Juzgado de lo Penal se había realizado cuando ya se había abierto juicio oral y las actuaciones se encontraban a disposición del órgano de enjuiciamiento para la celebración del correspondiente juicio, dicha inhibición lo que había producido era una dilación del procedimiento.

      A continuación, resume la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el concepto de la “perpetuatio jurisdictionis”, que entiende plenamente aplicable al caso.

     Así, indica que “una vez abierta la fase de juicio oral la competencia ya fijada no es susceptible de ser variada y permanece inmune incluso a una norma legislativa, salvo cuando ésta disponga expresamente otra cosa. Deberá estarse como régimen supletorio (artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al artículo 44 de la Ley Procesal Civil que viene a establecer de un modo claro y terminante la predeterminación legal de la competencia: “Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores al a incoación de las actuaciones de que se trate”. Puede entenderse que la fase de instrucción no tiene ese carácter de “proceso estrictu sensu”, es preparatoria del auténtico proceso que se inicia con la apertura del juicio oral. Pero estando ya en esa fase no cabe la variación competencial salvo la previsión expresa del legislador. Si no, quedaría vacío de contenido el prefijo “pre” que precede a la determinación legal del juez”.

     Continúa igualmente indicando que “El pase a la fase de juicio oral se erige en un momento clave para disciplinar un régimen distinto de las nuevas normas competenciales. Cuando el procedimiento ha superado la fase de instrucción y ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, no puede modificarse la competencia, en esa etapa o fase del procedimiento, hay que acudir, como hemos declarado en  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2008, a la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarad una vez abierto el juicio oral, incluso en casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia”.

     En definitiva, y a modo de conclusión, la competencia en el proceso penal puede ser objeto de discusión hasta que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral, ya que a partir de ese momento opera la “perpetuatio jurisdictionis”, residenciando la competencia de enjuiciamiento en el órgano judicial que hubiera dictado el citado auto.