A vueltas con la prescripción: Orden de busca y captura y rebeldía.

¡Compártelo!Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on LinkedIn1

“Que DEBO DECLARAR Y DECLARO EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION DEL DELITO LA RESPONSABILIDAD PENAL OBJETO DE ACUSACION FRENTE A …, DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES, CON RESERVA DE ACCIONES CIVILES”.

Cuando te notifican un auto tan temido como éste, además de agarrarte un monumental cabreo por el esfuerzo invertido en el pleito, sólo te queda encontrar, si es que tienes suerte, una resolución judicial que interrumpa la prescripción.

El Tribunal Supremo tiene declarado (entre otras en STSS 1146/2006, de 22-11; 644/1997, de 9-5 o 1097/2004, de 7-9), que solo tienen virtud interruptora aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción, sin que el cómputo se interrumpa por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento. Igualmente afirma que la prescripción opera por la paralización del procedimiento sin tener en cuenta quién ha omitido su impulso.

Dicho esto, surge la inevitable cuestión de qué concretas resoluciones interrumpen la prescripción y si la actitud del imputado o acusado debe tenerse en cuenta a estos efectos.

Por lo que se refiere a las resoluciones que interrumpen la prescripción, es evidente que son intrascendentes, y así han sido calificadas, aquellas resoluciones que hacen referencia, por ejemplo, a la expedición de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones o las meras averiguaciones de domicilio. Sin embargo hay algunas otras que, si bien también se encuentran excluidas, plantean a mi juicio mayores dudas, al estar íntimamente relacionadas con la actitud del imputado, procesado o acusado, como las órdenes de búsqueda y captura o requisitorias y el auto de rebeldía.

Es evidente que en materia penal la seguridad jurídica reconocida en el 9.3 de la Constitución, exige que exista un criterio determinado para establecer cuándo prescribe una causa. Ello no obstante, en determinadas ocasiones, como en los casos de rebeldía o extradición, el plazo de prescripción no debería jugar a favor del imputado, procesado o acusado.

En materia de extradición así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la interesante sentencia de 24 de octubre de 2012 dictada en el recurso de casación 869/2012, pero se niega sistemáticamente la virtualidad interruptiva del auto de rebeldía o a la orden de busca y captura, cuando a mi juicio son supuestos reconducibles a una misma realidad.

En efecto, debería reconocerse el carácter de interruptivos a aquellos actos procesales dictados como consecuencia de la acción elusiva del imputado, procesado o acusado, ya que es él mismo el que se coloca en situación de rebeldía y ello determina la necesidad de su requerimiento compulsivo, ya sea mediante la emisión de órdenes de busca y captura, ya sea reclamando su extradición en el caso de que se encontrase fuera de los límites jurisdiccionales correspondientes, evitando de este modo que el transcurso del tiempo pueda operar en su favor.

En mi opinión, no hay duda de que tanto en el caso de las órdenes de busca y captura como en las solicitudes de extradición, el Estado lleva a cabo acciones persecutorias muy claras, motivadas por la actitud del acusado y con el firme propósito de avanzar procesalmente en la indagación del hecho investigado.

El Tribunal Supremo, en la sentencia citada ut supra, considera sin embargo que mientras que en la naturaleza de la orden de busca y captura subyace precisamente el desconocimiento del concreto paradero del individuo afectado, la extradición por el contrario parte de la base de la aportación por el Estado solicitante de un cúmulo de datos que no sólo permitan la perfecta identificación del sujeto sobre el cual se vierte tal petición, sino muy especialmente de su punto de localización y/o residencia en el territorio del Estado reclamado.

Señala también que son muy diferentes los fines que guían a una y otra, ya que mientras que en la extradición la misiva fundamental es la entrega del sujeto extraditado para su enjuiciamiento en el país reclamante o bien para el cumplimiento efectivo en él de una condena ya impuesta, en el caso de la busca y captura, si presenta el formato de una requisitoria, irá dirigida a localizar al procesado que, ausentado del domicilio designado para notificaciones, no fuere hallado en el mismo y careciere de otra residencia conocida en la que poder localizarlo; también se dictará respecto de quien se hubiere evadido del establecimiento en el que se hallare detenido o preso; e igualmente de quien incumpliere su deber de presentación «apud acta» o ante cualquier llamamiento judicial, estando en libertad provisional (art. 835 LECrim).

Pues bien, en la actualidad, la única manera de que una orden de busca y captura pueda llegar a producir efectos interruptivos es que la misma se encuentre anudada a una medida cautelar de prisión provisional dictada por ignorarse el paradero del imputado o acusado o la necesidad de practicar diligencias que deban entenderse personalmente con el mismo.

En efecto, el Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones (por todas ellas SSTS 1501/1998, de 4 de diciembre; 1132/2000, de 30 de junio; 1250/2011, de 22 de noviembre), que el auto de prisión provisional sí interrumpe el plazo de prescripción en cuanto supone una resolución mediante la que se pone de relieve la voluntad de persecución delictiva.

Más recientemente, la STS 965/2012 de 26 de noviembre, dictada en el recurso 10606/2012, además de recoger las sentencias anteriormente mencionadas, indica en el fundamento de derecho primero que:

            “Ha de entenderse por tanto que la resolución en que se acuerda la prisión provisional, dada la relevancia que contiene para el imputado, revela una activación del proceso que impide estimar que este sigue paralizado y que no se está persiguiendo al presunto autor del delito. Si se activa de forma sustancial la busca y la persecución del presunto autor del hecho delictivo mediante su prisión provisional, debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, circunstancia que resulta incompatible con el término “paralización” que recoge la norma penal sustantiva. A fin de cuentas, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria”.

De acuerdo con lo anterior, si bien la busca y persecución del presunto autor del hecho delictivo, cuando se realiza únicamente mediante órdenes de busca y captura o requisitorias no produce efecto alguno respecto a la prescripción, si la misma se realiza mediante su prisión provisional si debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, y ello porque, como indica el Tribunal Supremo, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria.

Sin embargo, a mi modo de ver el matiz no tiene la suficiente entidad como para realizar tamaña diferenciación, con las importantes consecuencias que de ello se derivan en cuanto a la extinción de responsabilidad del presunto autor.

Algo similar ocurre con el auto de declaración de rebeldía, excluido expresamente de las actuaciones que tienen efectos interruptivos de la prescripción. La declaración de rebeldía es una consecuencia de la orden de busca y captura infructuosa, y considerada como la situación en que se coloca el imputado con relación al desarrollo del procedimiento en el cual debe intervenir resistiendo a someterse a la autoridad del tribunal. Se trata por tanto de una actuación omisiva (la de negarse a comparecer, eludiendo la acción de la justicia), pero al ser una situación la simple declaración de rebeldía no constituye un acto procesal que pueda interrumpir la prescripción de la acción penal.

Ello no obstante, entiendo que dicha postura resulta incongruente con el hecho de que el Tribunal Supremo si tenga en cuenta la conducta del imputado, procesado o acusado para ponderar si hubo o no una violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

En efecto, en la STS 469/2006 de 28/04/2006 no se apreció la concurrencia de la atenuante por dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 1998 y el juicio oral se celebró en 2005) por haberse hallado el imputado en situación de paradero desconocido durante la instrucción del procedimiento.

Así las cosas, el paso del tiempo no debería beneficiar a quien propicia su inacción. No debe olvidarse que el imputado, procesado o acusado, como parte del proceso, tiene no solamente derechos sino también deberes que cumplir, como el de comparecer ante el tribunal siempre que su presencia sea requerida, por lo que cuando el individuo que es requerido no comparece ante el tribunal voluntaria y deliberadamente eludiendo e interfiriendo en el proceso, dicha actitud no debería redundar en perjuicio de la jurisdicción y de otros individuos que si cumplan con sus deberes, viéndose afectado del mismo modo el principio de igualdad al favorecer la situación del sujeto contumaz, que se substrae a la jurisdicción, frente a la de aquellos que se someten a la misma.

Lo contrario, considerar que la declaración de rebeldía no afecta al transcurso de la prescripción supondría conceder un beneficio de manera injustificada a aquel que decide poner trabas a la acción de la justicia para sustraerse del castigo, lo cual no puede compararse con aquellos casos en los que el hecho o el autor quedan ignorados por jueces y magistrados, o que por culpa de los mismos se paraliza la averiguación de los hechos, en cuyo caso si debe jugar el instituto de la prescripción.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>