¿Qué ocurre con los juicios de faltas iniciados antes de 1 de junio de 2015?

     Como es de sobras conocido, tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, las faltas han desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico, habiéndose producido en la mayoría de los casos su transformación en delitos leves y en algunos casos su despenalización.

     Esta reforma, como todas, plantea problemas de derecho transitorio que se resuelven acudiendo a la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 1/2015, que establece lo siguiente:

     “1. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.

     2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

     Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

     De acuerdo con el citado artículo se plantean tres escenarios diferentes.

     1º.- Faltas que quedan despenalizadas, como por ejemplo la de homicidio y lesiones por imprudencia leve, pero que llevan aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán su tramitación hasta su normal terminación, limitándose en contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidad civil o costas, y ello claro salvo renuncia expresa de la acción civil, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado.

     2º.- Faltas que se transforman en delitos leves, como por ejemplo la de daños del artículo 625 o la de falta de respeto y consideración debida del artículo 634 (hoy recogidas respectivamente en los artículos 263 y 556).

     En este caso hay que acudir a la penalidad concreta de los delitos leves, y dado que éstos elevan las penas previstas para las faltas, las penas que deben imponerse a los condenados por dichas conductas son las de las faltas (ex artículo 2 CP).

     3º.- Faltas que se transforman en delitos leves pero que requieren denuncia previa, como las faltas de lesiones leves y los malos tratos del artículo 671.2 y 2, hoy integradas en el 147.2 y 3. Estas conductas quedan sometidas al mismo régimen que las despenalizadas, es decir, que se continuará su tramitación limitándose el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidad civil o costas, salvo renuncia de la acción civil.

     Resulta interesante en esta materia la consulta de la Circular 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015

Recurso de revisión: Sentencias dictadas por el mismo hecho. Excepción a la regla de anular la segunda.

El Tribunal Supremo resuelve en esta Sentencia de 26 noviembre de 2014 un recurso de revisión basado en la existencia de dos sentencias dictadas en virtud de un mismo hecho.

La primera de ellas condena al acusado como autor de una falta de estafa cometida el día 13 de octubre de 2011, mientras que la segunda le condena como autor de un delito continuado de estafa a una pena de 8 meses de prisión, recogiendo igualmente en los hechos probados de la misma el episodio del 13 de octubre de 2011.

Pues bien, el Tribunal Supremo comienza indicando que si bien la duplicidad de condenas penales por unos mismos hechos a una misma persona por el mismo o distintos órganos judiciales no se halla prevista expresamente en el art. 954 de la LECr, debe estimarse la posibilidad de revisar tales sentencias ya sea mediante una interpretación amplia y extensiva del art. 954.4º de la LECr (cuando se trata además de  evitar situaciones que pugnan con el más elemental sentido de justicia), ya aplicando el principio “non bis in idem”, que puede apreciarse de oficio, y la doctrina sobre cosa juzgada material.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene señalando que dado que los efectos de cosa juzgada material de las sentencias firmes impiden que puedan volver a ser juzgados los hechos ya sentenciados de forma irrevocable, en los casos de doble enjuiciamiento de la misma persona por el mismo hecho ha de darse prevalencia a la primera sentencia y declarar la nulidad de la segunda (Sentencia de 21 de diciembre de 2012 o Sentencia de 12 de junio de 2013).

No obstante lo anterior, la Sala decide en este caso dejar sin efecto la sentencia dictada en primer lugar, por considerar que la segunda abarca en su contenido no solo el hecho enjuiciado en la primera, sino otros dos hechos defraudatorios a mayores, integrando todos ellos un único tipo penal delictivo de estafa, en el que queda absorbida la falta objeto de condena.

Así pues, y manera excepcional, es la sentencia posterior la que prevalece sobre la dictada en primer lugar, debido a que el delito en que se basó la condena comprende como un episodio más el hecho integrante de la falta de estafa juzgada en el primer procedimiento.

Luces y sombras en la declaración como imputado de la persona jurídica

     La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como es de sobras conocido, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados tipos delictivos.

     Como consecuencia de lo anterior, fue necesario adaptar la legislación procesal a esta nueva posibilidad, dictándose la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal.

        Dado que la Ley Orgánica 5/2010 entró en vigor el 23 de junio de 2011 me encuentro cada vez con más frecuencia con procesos en los que existe imputación de la persona jurídica, habiéndose planteando ya diversas cuestiones prácticas en cuanto a la imputación o declaración de las personas jurídicas y que están siendo resueltas de diferente manera en función del Juzgado que esté instruyendo el proceso.

      En concreto, por lo que a esta entrada interesa, es preciso destacar los artículos 409 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la primera comparecencia de la persona jurídica a efectos de proceder a tomar declaración al representante especialmente designado por ella.

     Esta declaración, según señala el artículo 409 (el 775 contiene su aplicación en el procedimiento abreviado), irá dirigida a la averiguación de los hechos  y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.

     Pues bien, recientemente me he encontrado con la paradoja de que en dos juzgados diferentes me han “negado” la posibilidad de formular preguntas al representante designado por la persona jurídica.

     En el primero de ellos, el representante designado por la sociedad era el propio imputado como administrador de derecho de la misma, a su vez socio único. El juez denegó las preguntas entendiendo que la estrategia procesal de la persona jurídica iba era coincidente con la del administrador imputado.

     En este caso, a pesar del evidente conflicto de intereses, puedo llegar a entender la posición del juzgador al tratarse de una sociedad unipersonal, si bien hubiera sido necesario, a mi juicio, que se hubiera al menos preguntado al citado representante si mantenía la misma versión que en su declaración como imputado persona física y no “rechazar” de plano su intervención, limitándose a preguntarle si conocía la querella y los hechos consignados en ella.

     El segundo es un caso totalmente diferente, donde los imputados son los tres consejeros del consejo de administración de la sociedad. En la actualidad, tras la reciente compra de la mayoría de las acciones de la entidad por otra empresa (apenas dos meses antes), el consejo cesó en su totalidad y fueron nombrados otros nuevos. Y es precisamente uno de estos nuevos consejeros el representante designado por la sociedad para comparecer en el proceso en nombre de la misma.

     La denegación esta vez vino motivada por entender que dada la reciente incorporación del representante designado por la persona jurídica y, en general, de los nuevos consejeros de la misma, esa declaración carecía de cualquier sentido, dándola por finalizada poco después pese a mis intentos de explicar por qué era necesario oírle.

     Considero que el Juez erró con esa decisión, y ello porque a diferencia del anterior, en este caso la estrategia procesal de la empresa, con los nuevos representantes, no tenía por qué ser coincidente con la de los tres consejeros imputados, antes bien al contrario, ya que éstos habían cesado, entre otras razones, como consecuencia de su mala gestión, de manera que hubiera sido en todo punto conveniente conocer la versión de los hechos de la sociedad a través de sus nuevos representantes, incluso aunque hubiera sido en el sentido de apoyar la anterior gestión.

     En apoyo de este argumento no debemos olvidar además, que la reforma también introdujo el apartado 8 del artículo 787, permitiendo la conformidad de la persona jurídica con independencia de la posición que adopten los demás acusados, pensando en la posibilidad de que los intereses de una y otros sean diferentes.

     Parece por tanto que la insuficiente regulación de la participación en el proceso de las personas jurídicas imputadas deja en manos de cada juez el desarrollo de la declaración de las mismas conllevando en mi opinión una clara inseguridad jurídica.

El “inexplicable” efecto de la caducidad en el procedimiento sancionador tributario

     Con esta entrada sólo quiero llamar la atención sobre una cuestión que he descubierto recientemente y cuyo sentido he de reconocer que no alcanzo a comprender.

   Para centrar el tema, os indicaré que está relacionado con la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos sancionadores una vez declarada su caducidad.

   Como es de sobra conocido, el Tribunal Supremo, ya en su sentencia de 12 de junio de 2003, al resolver un recurso de casación en interés de ley fijó la siguiente doctrina legal:

    “La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artículo 92.3 de la misma Ley”

      Así las cosas, como la caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no produce por sí misma la prescripción de las acciones, cabe volver a iniciar un nuevo expediente sancionador por los mismos hechos si éstos no hubieren prescrito.

     No obstante lo anterior, si es posible que la ley establezca otra cosa al respecto, es decir, que se impida la posibilidad de iniciar nuevo expediente sancionador cuando haya caducado.

     Y aquí viene la SORPRESA (con mayúsculas) al descubrir que la única excepción prevista a esta regla (si sabéis de más casos os agradecería que me lo indicarais) es la del procedimiento sancionador tributario.

      En efecto, el artículo 211.4 de la Ley General Tributaria indica que el vencimiento del plazo de 6 meses de caducidad sin que se haya dictado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

     De acuerdo con lo anterior, si es posible (siempre que no haya prescrito la infracción) volver a iniciar un procedimiento sancionador caducado por infracciones de tráfico, medioambientales, laborales, etc., pero no así en materia tributaria, lo cual no deja de resultar paradójico.

      En efecto, no debemos olvidar la clase de infracciones que se sancionan en estos procedimientos de acuerdo con el catálogo establecido en los artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria (v.gr dejar de ingresar deudas tributarias resultante de autoliquidaciones, por solicitar u obtener indebidamente devoluciones, por incumplir obligaciones contables, de facturación, etc), por lo que no se alcanza a comprender las poderosas razones (sin duda alguna debieron serlo) para que el legislador estableciera semejante excepción en una materia tan sensible como ésta.

Plazos para personarse como acusación particular

  Esta entrada viene motivada por una providencia notificada recientemente en la que se acordaba no haber lugar a la personación de la Abogacía del Estado por entender que habiéndose formulado la calificación por el Ministerio Fiscal no es ya momento procesal oportuno para ello.

     Al margen de que el escrito de personación se había presentado meses antes de que se formulara la calificación por el Fiscal (hecho que por sí mismo determinaría que debiera aceptarse la misma), se me planteó la cuestión de hasta cuándo podía personarme en un proceso penal como acusación particular y, como consecuencia de lo anterior, hasta cuándo era posible presentar el escrito de acusación.

     Pues bien, examinada la cuestión, formulé recurso de reforma frente a la citada providencia (que todavía está pendiente de resolverse) sobre la base de dos ideas básicas.

     En primer lugar, como es de sobra sabido, existe la obligación legal de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito. Es decir, el Secretario Judicial les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales les correspondan, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

      La obligatoriedad de realizar este ofrecimiento de acciones es tal que, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 900/2006 de 22 de septiembre se aclaró que para el caso de que no se hubiera llevado a cabo el mismo, y a los efectos de evitar una clara indefensión en caso contrario, debía permitirse al ofendido que no se hubiera personado por este motivo como Acusación Particular conocer en todo caso el contenido de la causa, calificar los hechos y proponer prueba de su interés, ello, siempre que fuera posible hacerlo teniendo en cuenta la fase en la que el procedimiento se encontrara; en caso de que no se pudiera llevar a cabo esta actuación procesal, se decretaría la nulidad de lo actuado de conformidad con el art. 240.2 LOPJ y la reposición de la causa al momento procesal que permitiera realizar el preceptivo ofrecimiento de acciones al perjudicado.

      Es decir, que no habiéndose realizado ofrecimiento de acciones al perjudicado y no constando que se hubiera dado traslado a la defensa para formular el escrito de defensa correspondiente, debería permitirse a la Abogacía del Estado calificar los hechos y proponer prueba, pudiendo incluso de no ser así solicitar la nulidad de lo actuado y la reposición de la causa al momento procesal oportuno, con el consiguiente e indeseado retraso de la tramitación.

       Y en segundo lugar, y si bien es cierto que el artículo 110 LECrim en su apartado primero establece que “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”, el Tribunal Supremo viene reconociendo que la personación como acusación particular en un proceso penal puede efectuarse después del trámite de calificación del delito, llegando incluso hasta el mismo acto del juicio oral.

      Es decir, que sin necesidad de que se haya presentado escrito de acusación ni haberse personado como Acusación Particular con carácter previo, se puede intervenir el mismo día del juicio, personarse “apud acta” y hacer las conclusiones que se estimen convenientes como Acusación particular.

      Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia 170/2005 de 18 de febrero, al indicar que

      ”no hay obstáculo para que si la víctima comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, así como adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso. En todo caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de la sesión previsto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación se hará por analogía cuando las conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con la del resto de las acusaciones”.

      Este mismo criterio se consolidó por el propio Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1140/2005 de 3 de octubre, en cuyo Fundamento de Derecho 4º se establece:

      “Por otra parte, y a mayor abundamiento, no se puede olvidar, como recuerda la Sentencia de esta Sala 170/2005, de 18 de febrero, que la regulación del modo y manera en que las víctimas pueden personarse en el procedimiento ha sufrido modificación en el transcurso de este procedimiento. El antiguo artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remitía a los art. 109 y 110 del mismo texto legal, lo que llevaba a la interpretación de que su personación sólo se podía realizar antes del trámite de calificación. Esta interpretación, excesivamente rigurosa, no encaja con el principio de igualdad de armas, tanto de la acusación como de la defensa, por lo que debe ser analizado en el momento de producirse la personación cuando todavía no había entrado en vigor la actual redacción. El vigente artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal soluciona el problema, ajustándose más a la previsión constitucional y exigiendo que, en todo caso, aunque la víctima no sea parte en el proceso deberá ser informada por escrito de la fecha y lugar de la celebración del juicio. Con la actual regulación quedan sin efecto las previsiones del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por dejación de derechos de la víctima, no hay obstáculo para que si comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso.”

      Y también podemos citar la Sentencia núm. 271/2010 de 30 de marzo.

    De acuerdo con lo anterior, la personación de la Abogacía del Estado en dicho procedimiento podría tener lugar incluso el mismo día del juicio oral, pudiendo formular en ese momento las conclusiones que tuviera por conveniente.

     Ello no obstante, y en aras de la garantía del derecho de defensa, lo más conveniente sería que se estimando el recurso se admitiera la personación con traslado de la totalidad de la causa y se le permitiera formular escrito de conclusiones provisionales.

La perpetuatio jurisdictionis en el ámbito penal

    ¿Hasta cuándo puede declararse la incompetencia del órgano judicial en el seno de un proceso penal?

   Esta pregunta engarza directamente con un caso de contrabando y falsificación de efectos timbrados llevado por una compañera de la Abogacía.

     La instrucción del proceso se había llevado en Zaragoza y, una vez culminada la misma, el Juzgado de Instrucción acordó remitir las actuaciones al órgano competente para su enjuiciamiento, es decir, al Juzgado de lo Penal que por turno correspondiera.

     Recibida por el Juzgado de lo Penal, y tras alguna resolución del mismo (declarando la insolvencia de los acusados y ordenando la destrucción del tabaco), finalmente dictó auto aprobando la proposición de prueba y ordenando la apertura del juicio oral con señalamiento del día en que debían comenzar las sesiones.

      Pues bien, dos días antes del juicio se planteó por el Ministerio Fiscal la inhibición del Juzgado de lo Penal en favor del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional por considerar que a ella correspondía la competencia objetiva para conocer del delito de falsedad de efectos timbrados (que además consideraba cometido en Taiwan), y por ende, por razones de conexidad (ex art 65 LOPJ), el delito de contrabando.

     El Juzgado de lo Penal acordó inhibirse en favor del Juzgado Central de lo Penal, resolución frente a la cual la Abogacía del Estado interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, a la postre desestimados, lo que determinó la remisión de la causa a la Audiencia Nacional.

    Sin embargo, el Juzgado Central de lo Penal rechazó de plano su competencia mediante Auto de 2 de marzo de 2012, con los razonamientos que ahora indicaremos, acordando que se devolvieran las actuaciones al Juzgado de lo Penal de Zaragoza para que, en su caso, planteara ante el Tribunal Supremo la correspondiente cuestión de competencia, cosa que no ocurrió, ya que el Juzgado de lo Penal acabó asumiendo la competencia.

       Lo primero que hace el citado auto es dar un “tirón de orejas”, si se me permite la expresión, al Juzgado de lo Penal, al indicar que dado que la inhibición del Juzgado de lo Penal se había realizado cuando ya se había abierto juicio oral y las actuaciones se encontraban a disposición del órgano de enjuiciamiento para la celebración del correspondiente juicio, dicha inhibición lo que había producido era una dilación del procedimiento.

      A continuación, resume la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el concepto de la “perpetuatio jurisdictionis”, que entiende plenamente aplicable al caso.

     Así, indica que “una vez abierta la fase de juicio oral la competencia ya fijada no es susceptible de ser variada y permanece inmune incluso a una norma legislativa, salvo cuando ésta disponga expresamente otra cosa. Deberá estarse como régimen supletorio (artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al artículo 44 de la Ley Procesal Civil que viene a establecer de un modo claro y terminante la predeterminación legal de la competencia: “Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores al a incoación de las actuaciones de que se trate”. Puede entenderse que la fase de instrucción no tiene ese carácter de “proceso estrictu sensu”, es preparatoria del auténtico proceso que se inicia con la apertura del juicio oral. Pero estando ya en esa fase no cabe la variación competencial salvo la previsión expresa del legislador. Si no, quedaría vacío de contenido el prefijo “pre” que precede a la determinación legal del juez”.

     Continúa igualmente indicando que “El pase a la fase de juicio oral se erige en un momento clave para disciplinar un régimen distinto de las nuevas normas competenciales. Cuando el procedimiento ha superado la fase de instrucción y ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, no puede modificarse la competencia, en esa etapa o fase del procedimiento, hay que acudir, como hemos declarado en  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2008, a la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarad una vez abierto el juicio oral, incluso en casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia”.

     En definitiva, y a modo de conclusión, la competencia en el proceso penal puede ser objeto de discusión hasta que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral, ya que a partir de ese momento opera la “perpetuatio jurisdictionis”, residenciando la competencia de enjuiciamiento en el órgano judicial que hubiera dictado el citado auto.

Comentario a la STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014, en materia de tráfico e identificación veraz del conductor.

     La cuestión de fondo planteada en este recurso de amparo es la clase de infracción que debe sancionarse cuando el titular de un automóvil denunciado suministra a la Administración los datos del conductor y éste niega cualquier participación en los mismos.

     En efecto, en estos casos podemos preguntarnos si debe sancionarse por la infracción del deber establecido en el art. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo o si por el contrario debe sancionarse por la infracción cometida en origen, en este caso la de estacionar indebidamente.

     Descendiendo a los antecedentes de hecho concretos del caso que nos ocupa, resulta que al no poder ser notificada la denuncia por estacionamiento indebido en el acto, se notificó al titular del automóvil, haciéndole saber que debía proceder a comunicar el nombre, domicilio y demás datos de la persona que, en la fecha de la denuncia, conducía el automóvil, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo así, sería considerado autor de una falta muy grave por infracción del deber establecido en el art. 72.3 de la LSV.

     El titular del automóvil se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente (JPT) indicando que en la fecha en la que se formuló la denuncia no era el conductor del vehículo  y aportó los datos identificadores (nombre, apellidos y domicilio) de la persona que lo conducía, a quien la JPT notificó la denuncia. No obstante, aquélla presentó escrito manifestando que “no es titular, ni conductora del vehículo a cuya denuncia se refiere el presente expediente sancionador, por lo que proceda al archivo del mismo”.

     Como consecuencia de lo anterior la JPT tramitó contra el titular del vehículo y demandante de amparo expediente sancionador imputándole la infracción muy grave consistente en no haber identificado verazmente al conductor del vehículo denunciado, a pesar de haber sido debidamente requerido para ello. Sin embargo el demandante de amparo consideraba que cumplió en todo momento con la obligación de identificar al conductor de forma suficiente y precisa para que la JPT pudiera dirigir el procedimiento sancionador contra el conductor infractor, por lo que la consecuencia al hecho de que la supuesta infractora negara los hechos debería conllevar en su caso la sanción al titular del automóvil por la infracción de estacionar indebidamente pero no por el incumplimiento del deber de identificar.

     El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del recurso entre otras cosas por la manifiesta negativa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional, toda vez que, no obstante reseñarse en el hecho tercero de la demanda la STC 111/2004, de 12 de julio, se ha obviado el contenido de la misma, como asimismo la reiterada doctrina constitucional existente en este sentido.

     El Tribunal Constitucional, al resolver el recurso amparo planteado (STC 29/2014 de 24 de febrero), indica que el asunto presenta ciertas similitudes con los casos resueltos en las SSTC 111/2004, de 12 de julio; 54/2008, de 14 de abril; 36/2010, de 19 de julio; 30/2013, de 11 de febrero, y 45/2013, de 25 de febrero, en la medida en que (i) se combate una resolución administrativa que impuso una sanción por no identificar al conductor del vehículo que había cometido una infracción de tráfico, y (ii) se invoca la lesión del derecho fundamental a la legalidad sancionadora. Ello no obstante, considera que hay dos diferencias claras que llevan a desestimar el amparo solicitado.

      En primer lugar, señala que las tres primeras resoluciones citadas se dictaron teniendo en cuenta una tipificación de la conducta infractora distinta a la contenida en el art. 72 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV) tras la reforma operada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, aplicable a la sanción ahora cuestionada. Así, si el art. 72. 3 LSV, en la redacción del artículo único.31 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, se limitaba a establecer el deber de identificar al conductor, tras la reforma de 2005, el art. 72.3 LSV establece, ya expresamente, el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

     En segundo lugar, indica que en los casos resueltos por las Sentencias citadas, la cuestión planteada versaba sobre la suficiencia de los datos aportados sobre la identidad del conductor (en concreto, cuando no se indicaba el Documento Nacional de Identidad o el nº del permiso de conducir) y, al igual que en el caso resuelto por la STC 111/2004, de 12 de julio, en ninguna de ellas la Administración intentó siquiera comunicar con la persona identificada, a pesar de lo cual concluyó sancionando al propietario por incumplimiento del deber de identificación a la vista de la omisión de determinados datos que ni siquiera eran exigidos por la norma vigente en el momento de la comisión de los hechos.

     Sin embargo, en el supuesto que dio lugar al recurso de amparo, la Administración realizó las actuaciones necesarias para incoar el procedimiento sancionador contra el conductor identificado por el propietario, sin que, ante la negativa del identificado como conductor, le sea a ésta posible realizar otras actuaciones o practicar nuevas pruebas dirigidas a comprobar la veracidad de la identificación antes de incoar el correspondiente procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor.

     Así, y a pesar de que la resolución administrativa sancionadora no incluye una motivación expresa acerca del concreto hecho constitutivo de la infracción, parece haberse fundado en la negación de los hechos por parte de la persona identificada como conductora del vehículo para considerar que el demandante de amparo había incumplido la obligación de identificar verazmente al conductor del vehículo objeto de la denuncia.

     Concluye señalando que la exigencia de que la identificación del conductor sea veraz o verosímil es un requisito expresamente contemplado en la norma. Así pues, si el cumplimiento del deber impuesto en el art. 72.3 LSV exige no sólo la identificación suficiente sino, además, veraz o verosímil del conductor, la interpretación según la cual el deber de identificación veraz no se habría cumplimentado en los términos legalmente exigidos cuando no quede acreditado que la persona identificada como conductora lo sea realmente, encaja en el sentido literal de la norma.

     En otras palabras, la interpretación según la cual la tajante negativa del identificado como conductor puede suponer una identificación inverosímil o inveraz que permite por tanto sancionar al titular del automóvil.

La interrupción de la prescripción se mantiene efectiva aunque se declare nulidad de actuaciones.

      Una de las cuestiones que más me preocupa en el día a día, viendo la saturación de los juzgados y los constantes recursos interpuestos por las defensas para alargar las instrucciones es la posible prescripción de los delitos, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal (ex art 130.6 CP).

     En una entrada anterior ya traté la cuestión de los actos procesales con virtualidad interruptiva de la prescripción (aquí). A continuación, y si bien relacionado con lo anterior, me centro en un aspecto muy concreto de la instrucción. ¿Se entiende interrumpida la prescripción aunque se declare la nulidad de las actuaciones?

     Para resolver esta cuestión es imprescindible citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 (Ponente Luciano Varela Castro), que estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz por el que se acordaba el sobreseimiento libre de la causa (art. 637.3º LECrim.) al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los inculpados por prescripción del presunto delito.

    La sentencia, si bien recoge el voto particular de un magistrado, acoge el acuerdo adoptado por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala el 27 de abril de 2011 que concluyó que “las actuaciones declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su momento”.

     Respecto al iter procesal del asunto hay que tener en cuenta lo siguiente:

     - El Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura de juicio oral el 14 de mayo de 2001.

     - En 18 de diciembre de 2001 da traslado a los imputados para formular calificación, sin que ordenara el traslado a la defensa de los responsables civiles.

     - Tras varias actuaciones tendentes a determinar la competencia para conocer del asunto, el Juzgado de lo Penal de Badajoz se inhibe, mediante resolución de 27 de marzo de 2003, en favor de la Audiencia de Badajoz.

     - El día 26 de marzo de 2003 había sido solicitada la nulidad de actuaciones por omitirse el traslado a los responsables civiles para emitir escrito de calificación, petición que fue estimada por la Audiencia en auto de 1 de septiembre de 2004, que decidió: a) la nulidad de lo actuado con reposición del procedimiento al momento en que dicho traslado debió haber sido dado y b) mantener las actuaciones no viciadas de nulidad.

      – Hasta el 16 de diciembre de 2007 no se cumplimenta por el Juzgado de Instrucción lo ordenado por la Audiencia, dando traslado de las actuaciones a los responsables civiles para formular calificación provisional.

      La cuestión que suscita la resolución de la Audiencia Provincial es la de si concurren el presupuesto de paralización del procedimiento durante tiempo suficiente para que deba ser declarada extinguida la responsabilidad criminal de los imputados acusados.

      Tal y como indica la sentencia, la respuesta se hace depender de la determinación de los actos del procedimiento, ocurridos después del 18 de diciembre de 2001, a los que se les pueda atribuir efectos interruptivos de la prescripción y, en particular, si la declaración de nulidad por auto de 1 de septiembre de 2004, con orden de reposición al trámite dispuesto por resolución de diciembre de 2001 para dar traslado para calificación a los responsables civiles, da lugar a una situación equivalente a la de total inexistencia de dichas actuaciones posteriores a aquel momento o; si por el contrario, pese a la reposición ordenada, los actos posteriores al momento al que se remite la reposición mantienen la efectividad interruptora de la prescripción.

      La sentencia considera que el auto de 1 de Septiembre de 2004, cuya propia parte dispositiva salva de la nulidad que declara los actos que fueron válidos, debe estimarse válido, y de acuerdo con la opinión del Pleno no Jurisdiccional, declara que dicho auto interrumpió la prescripción.

       En efecto, en su FJ3 indica que

     “La aplicación de lo acordado por el Pleno no jurisdiccional implica que las actuaciones nulas, aunque no produzcan el efecto de dejar subsistente lo que en ellos se ordena, en cuanto han existido producen la irrevocable consecuencia de interrumpir el transcurso de tiempo con consecuencias extintivas de responsabilidad por prescripción.

    Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal  establece que  el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento.

     Anular  una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia…

     La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad. En los sistemas que conciben la prescripción como causa de extinción de responsabilidad criminal de naturaleza material, y no meramente procesal, no recogen la norma que priva de trascendencia interruptora a los actos no válidos. Lo que sí hace el Código de Procedimiento francés, precisamente porque considera la prescripción como un instituto procesal”.

     No se puede concluir el comentario de la sentencia sin significar cual es la posición del magistrado que formula el voto particular, quien considera que si bien del examen de la jurisprudencia de la Sala existe una opinión mayoritaria a estimar que en caso de nulidad de actuaciones, aquellas resoluciones de contenido sustancial que caen dentro del ámbito temporal de la nulidad acordada mantienen su vigencia cuando la causa de la nulidad no les afecta –SSTS 1050/1997, 438/2003 y 263/2005–, también existe una resolución, la STS 1580/2002, que estima que a consecuencia de la nulidad acordada, todas las actuaciones que caigan dentro del periodo de la nulidad decretada carecen de toda virtualidad a los efectos de interrumpir la prescripción, de manera que en este caso, cuando la “vuelta atrás” de la causa a consecuencia de la nulidad declarada supone el transcurso de un tiempo superior al fijado en la Ley para la prescripción del delito, ésta debió declararse.

 

Tercería de dominio. Adquisición de la propiedad antes de la fecha de la diligencia de embargo o de su notificación.

         Los tres elementos constitutivos de la acción de tercería han sido fijados claramente por la jurisprudencia de la Sala Primera del TS (por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 1999), a saber: “a) que quién la ejercite tenga la condición de tercero en el proceso de ejecución o apremio donde se ha practicado la traba… ; b) que el tercerista identifique el bien o derecho objeto de su pretensión…; c) que el tercerista justifique el dominio o titularidad sobre el bien o derecho trabado de embargo, … al practicarse la traba del embargo, sin que los títulos de fecha posterior tengan virtualidad de levantarlo, siempre que el adquirente supera de esta incidencia o ella estuviera anotada preventivamente”.

          Hace poco me plantearon frontalmente en la vista de una tercería de dominio que la fecha que debe tenerse en cuenta a efectos de acreditar la propiedad del bien trabado era la de la notificación de la diligencia de embargo al deudor tributario y no la fecha de la propia diligencia de embargo, fundando dicha pretensión, de un lado, en los artículos 76 y 83.2 del Reglamento General de Recaudación (por prever ambos la notificación de la diligencia de embargo al deudor tributario) y de otro en dos autos, el Auto de la AP de Huelva de 28 de junio de 2004 y  Auto de la AP de Barcelona (Sección 1ª) de 23 de noviembre de 2006.

          En ese concreto asunto la diligencia de embargo se había dictado en fecha 14 de junio de 2012, y fue notificada electrónicamente por la AEAT el 18 de junio, si bien el deudor tributario no abrió/dejó caducar la notificación a pesar de que era conocedor de que estaba incurso en un procedimiento de apremio, dándose por notificada la diligencia el 29 de junio, 10 días después de su puesta a disposición sin que se hubiera accedido a la misma. Pues bien, en ese supuesto el obligado tributario, el 22 de junio de 2012, tan sólo cuatro días después de que recibiera esa notificación (que como decimos no abrió), otorgaba escritura pública de dación en pago del inmueble embargado, razón por la cual el tercerista sostenía que había adquirido la propiedad con anterioridad a la notificación de la diligencia de embargo.

          Frente a dicha alegación mantuve que la fecha que debía tomarse en consideración era la de la diligencia de embargo, y ello con independencia del momento en que se notificara la misma, que podrá tener determinados efectos, como señalaremos más adelante, pero no los que pretendía el actor.

         1º.- Desde el punto de vista legislativo, hay que tener en cuenta que una vez se dicta la providencia de apremio, que es susceptible de recurso, se da un plazo al deudor para que proceda al ingreso de la deuda tributaria, transcurrido el cual se practica automáticamente el embargo de los bienes, y es una vez realizado el embargo, cuando procede la notificación al obligado al pago y a otras personas, según los casos, como su cónyuge, condueños, etc. Así se desprende, como decimos, de la lectura del artículo 76 del RGR, que indica que “Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al pago…”

      Lo expuesto tiene una consecuencia directa, y es que la validez y eficacia del embargo no queda condicionada por su notificación. Es decir, que el embargo está realizado y es válido desde que se practica la diligencia de embargo, y ello con independencia de la notificación posterior al obligado al pago, que tiene por objeto garantizar la continuación del procedimiento hasta la subasta, razón por la cual se le requieran los títulos de propiedad. Por ello, el momento que hay que tener en cuenta es el de la traba del embargo, no el de su notificación. Dar cabida a la interpretación que se sostenía de contrario supondría dejar a la voluntad del deudor la eficacia del embargo, de manera que evitando su notificación durante un tiempo podría alterar la situación del bien, cosa que evidentemente frustraría el propio embargo, por lo que la interpretación está claro que no debe ser esa.

            En este sentido, resulta quizá más ilustrativo el artículo 587.1 LEC, que al regular el momento en el que debe entenderse practicado el embargo judicial, indica que “El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. El Secretario judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, expidiendo de oficio los despachos precisos, de los que, en su caso, se hará entrega al procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado.”

             2º.- Al hilo de lo anterior, y desde  un punto de vista judicial, pudiera pensarse que dicha norma no puede aplicarse a los embargos administrativos, y así lo considera uno de los Autos citados de contrario, el de la Audiencia de Barcelona de 23 de noviembre de 2006 (sección 1ª).

            Sin embargo, la propia AP Barcelona, pero otra sección (la 13ª), en Sentencia de la AP de Barcelona (Sección 13ª) de 11 de mayo de 2006 indica que “Centrada la cuestión discutida en la validez de la transmisión anterior al embargo, es doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1965 [ RJ 1965, 4441] , 19 de abril de 1971 [ RJ 1971, 2276] , 4 de abril de 1980 [ RJ 1980, 1921] , 24 de noviembre de 1986 [ RJ 1986, 6579] , y 26 de julio de 1994 [ RJ 1994, 6784] ) que el embargo existe jurídicamente desde que la autoridad judicial, u otra autoridad pública, lo decreta…”.

            En igual sentido otras muchas sentencias de Audiencias Provinciales, como las de 10 de mayo de 2010 de Jaén, la de 26 de enero de 2009 de Madrid, o la de 10 mayo 2004 de Granada, en las que se indica que las fechas a contrastar son la fecha de adquisición del dominio, por medio del título y el modo, y la fecha de la diligencia de embargo.

            Pero no solo las Audiencias Provinciales, sino también el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el momento en el que debe acreditarse el dominio del bien objeto de la tercería. En efecto, en Sentencia del TS de 1 de febrero de 1995 indica que Es reiterada y uniforme la jurisprudencia interpretativa en el sentido de referir el momento de la justificación dominical del tercero a una fecha anterior a aquella en que se realizó la diligencia de embargo, causante de la decisión restrictiva del tercero, que en la tercería se combate (SS. de 25 de marzo de 1969, 26 de febrero y 30 de octubre de 1980; 3 de noviembre de 1982; 8 de mayo de 1986; 5 de junio y 31 de julio de 1989; 6 de marzo de 1990)”. Y por su parte, la Sentencia de 15 de junio de 2007 (recurso 2787/2000), señala que “… Es doctrina reiterada de esta Sala que para la prosperabilidad de la tercería de dominio hace falta la concurrencia de dos requisitos, primeramente, que el tercerista haya adquirido el dominio, y, en segundo lugar, que la adquisición del mismo sea anterior a la práctica de la diligencia de embargo (sentencia de 18 de julio de 2005, con cita de numerosas sentencias anteriores, y Sentencia de 14 de marzo de 1986, con cita de la sentencia de 22 de septiembre de 2001)”.

            Como puede comprobarse, el Tribunal Supremo se refiere a que la adquisición del dominio sea anterior a la práctica de la diligencia de embargo, pero no dice nada de la notificación de la misma siendo clara la razón de que no se haga esa precisión: no puede dejarse a la voluntad del deudor la eficacia del embargo, puesto que evitando su notificación durante un tiempo podría alterar la situación del bien y frustrar el propio embargo.

            Y es precisamente el razonamiento sostenido por la Abogacía del Estado el que acogió la Audiencia Provincial de Huesca en su AUTO 131/2013 de 31 de octubre de 2013 (Apelación Civil 240/2013), desestimando el recurso de apelación interpuesto de contrario, al indicar que “Es cierto que el Reglamento General de Recaudación dispone que el embargo, como sucede con todos los actos administrativos en relación con los en ellos interesados, debe ser notificado al deudor, siendo entonces cuando se requieren los títulos de propiedad, pero en ningún momento establece que el embargo carezca de eficacia hasta que dicha notificación tenga lugar. Además la regla general, conforme al artículo 57.1 de la Ley del procedimiento administrativo común es que los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Cierto es también que el párrafo segundo de dicho precepto tiene previsto que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, pero no existe previsión alguna supeditando la eficacia del embargo a su ulterior notificación, por lo que rige la regla general del párrafo primero del artículo 57, de modo que tampoco existe una diferencia relevante con relación a lo dispuesto en el artículo 587.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los embargos realizados por los tribunales. Todos los actos administrativos tienen que ser notificados a los en ellos interesados pero, conforme al artículo 57.2, la notificación sólo aplaza la eficacia en los casos en los que así esté previsto o lo exija el contenido del acto pues, en otro caso, rige la regla general del artículo 57.1 de modo que producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Por todo ello, siendo que la transmisión en favor de la apelante es posterior a la fecha de la traba, la tercería no puede prosperar, por lo que debe ratificarse el auto apelado en este particular si bien, por las costas, el recurso sí que debe estimarse pues con anterioridad este tribunal no se había pronunciado sobre la necesidad de la notificación para la eficacia del embargo practicado conforme al Reglamento General de Recaudación, que es un tema muy discutible en derecho sobre el que existen pronunciamientos de otros tribunales que respaldan la tesis sostenida por el recurrente, por lo que debe omitirse todo pronunciamiento sobre las costas de primera instancia en aplicación el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

El TS rectifica en materia de notificaciones por correo certificado con acuse de recibo.

            10 años después el Tribunal Supremo rectifica su doctrina legal en materia de notificaciones por correo certificado con acuse de recibo.

            Hace apenas un mes, en un curso que impartí a funcionarios encargados de la tramitación de expedientes sancionadores pocos eran los que conocían la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2003 y las importantes consecuencias que podía tener para la tramitación de sus expedientes. A decir verdad, tampoco muchos de los compañeros con los que coincido día a día en los juzgados conocían de su existencia.

            El Tribunal Supremo en la citada sentencia trataba de resolver un problema muy concreto, el de determinar cuál era el día final (dies ad quem) de un procedimiento administrativo en aquellos casos en los que los dos intentos de notificación de la resolución al interesado habían sido infructuosos por ausencia del mismo.

      El Tribunal Supremo recordaba en esa sentencia que la Ley 30/1992 requiere que, para producir el efecto contemplado en el apartado 4 del citado artículo 58, el intento de notificación ha de estar debidamente acreditado; añadiendo que, para fijar el dies ad quem en el cómputo del plazo de duración del procedimiento es preciso determinar también el momento en que puede considerase cumplido el intento de notificación. Pues bien, en dicha sentencia indicaba que en caso de que el intento de notificación se efectuara por correo certificado, “dicho momento será sin duda el de la recepción por la Administración actuante de la devolución del envío por parte de Correos, ya que sólo a partir de ese momento quedará debidamente acreditado ante la Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de notificación”. “Será también -declara el Alto Tribunal el momento a partir del cual se entenderá concluso el procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la Administración todavía habrá de iniciar los trámites para efectuar una notificación por edictos con plenitud de efectos. Por último, también es preciso tener en cuenta que para que el intento de notificación produzca los efectos que contempla el precepto en cuestión, ha de haberse practicado con respeto de todas las previsiones legales y reglamentarias”.

            De acuerdo con la citada doctrina legal, la Administración debía tener en cuenta al tramitar sus procedimientos la posibilidad de que los dos intentos de notificación mediante correo certificado con acuse de recibo fueran infructuosos y que el interesado no recogiera la notificación de las listas de Correos, ya que en ese caso habría que sumar a la duración del procedimiento los 15 días que la resolución permanecía en Correos y el tiempo que tardaba luego la Sociedad Estatal en remitir la “prueba” de esos intentos malogrados, lo cual suponía una drástica reducción de los plazos para resolver los expedientes..

            Imaginemos por ejemplo un procedimiento sancionador iniciado el 1 de enero (con un plazo para resolver de 6 meses) en el que la Administración dictara la resolución el 25 de junio y Correos intentara notificar el día 30 de junio. Si este intento fuera infructuoso y también lo fuera el segundo, realizado el día 2 (con los 60 minutos de diferencia que marca la jurisprudencia), Correos dejaría aviso de llegada en el buzón del interesado para que retirasen la notificación en los 15 días siguientes. Si dicha retirada no se produjera remitirían la documentación a la Administración, y sería en el momento de su recepción y constancia en el expediente cuando se podía entender concluso el procedimiento (en nuestro caso sería por lo menos el 17 de julio), de manera que a pesar de que la Administración hubiera sido diligente en la tramitación del expediente el mismo habría caducado y el supuesto infractor se vería beneficiado de dicha circunstancia, lo cual, en mi opinión, redundaba evidentemente en perjuicio del interés general dejando el castigo del presunto responsable en manos poco menos que del azar.

            Pues bien, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 3 de diciembre de 2013 rectifica la doctrina legal expuesta sustituyendo “el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío por no haberse logrado practicar la notificación …” por la de “el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en que se llevó a cabo”.

            Ello supone que en nuestro ejemplo anterior el procedimiento quede culminado el 30 de junio, que es cuando se lleva a cabo el primer intento de notificación de acuerdo con las exigencias del artículo 59, sin perjuicio de que siga siendo necesario dejar constancia de la devolución del envío por parte de Correos para acreditar que los intentos de notificación fueron infructuosos, acabando así con una situación realmente extraña generada a partir de una decisión judicial muy discutible.