Comentario a la STC 29/2014, de 24 de febrero de 2014, en materia de tráfico e identificación veraz del conductor.

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     La cuestión de fondo planteada en este recurso de amparo es la clase de infracción que debe sancionarse cuando el titular de un automóvil denunciado suministra a la Administración los datos del conductor y éste niega cualquier participación en los mismos.

     En efecto, en estos casos podemos preguntarnos si debe sancionarse por la infracción del deber establecido en el art. 72.3 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo o si por el contrario debe sancionarse por la infracción cometida en origen, en este caso la de estacionar indebidamente.

     Descendiendo a los antecedentes de hecho concretos del caso que nos ocupa, resulta que al no poder ser notificada la denuncia por estacionamiento indebido en el acto, se notificó al titular del automóvil, haciéndole saber que debía proceder a comunicar el nombre, domicilio y demás datos de la persona que, en la fecha de la denuncia, conducía el automóvil, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo así, sería considerado autor de una falta muy grave por infracción del deber establecido en el art. 72.3 de la LSV.

     El titular del automóvil se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente (JPT) indicando que en la fecha en la que se formuló la denuncia no era el conductor del vehículo  y aportó los datos identificadores (nombre, apellidos y domicilio) de la persona que lo conducía, a quien la JPT notificó la denuncia. No obstante, aquélla presentó escrito manifestando que “no es titular, ni conductora del vehículo a cuya denuncia se refiere el presente expediente sancionador, por lo que proceda al archivo del mismo”.

     Como consecuencia de lo anterior la JPT tramitó contra el titular del vehículo y demandante de amparo expediente sancionador imputándole la infracción muy grave consistente en no haber identificado verazmente al conductor del vehículo denunciado, a pesar de haber sido debidamente requerido para ello. Sin embargo el demandante de amparo consideraba que cumplió en todo momento con la obligación de identificar al conductor de forma suficiente y precisa para que la JPT pudiera dirigir el procedimiento sancionador contra el conductor infractor, por lo que la consecuencia al hecho de que la supuesta infractora negara los hechos debería conllevar en su caso la sanción al titular del automóvil por la infracción de estacionar indebidamente pero no por el incumplimiento del deber de identificar.

     El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del recurso entre otras cosas por la manifiesta negativa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional, toda vez que, no obstante reseñarse en el hecho tercero de la demanda la STC 111/2004, de 12 de julio, se ha obviado el contenido de la misma, como asimismo la reiterada doctrina constitucional existente en este sentido.

     El Tribunal Constitucional, al resolver el recurso amparo planteado (STC 29/2014 de 24 de febrero), indica que el asunto presenta ciertas similitudes con los casos resueltos en las SSTC 111/2004, de 12 de julio; 54/2008, de 14 de abril; 36/2010, de 19 de julio; 30/2013, de 11 de febrero, y 45/2013, de 25 de febrero, en la medida en que (i) se combate una resolución administrativa que impuso una sanción por no identificar al conductor del vehículo que había cometido una infracción de tráfico, y (ii) se invoca la lesión del derecho fundamental a la legalidad sancionadora. Ello no obstante, considera que hay dos diferencias claras que llevan a desestimar el amparo solicitado.

      En primer lugar, señala que las tres primeras resoluciones citadas se dictaron teniendo en cuenta una tipificación de la conducta infractora distinta a la contenida en el art. 72 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV) tras la reforma operada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, aplicable a la sanción ahora cuestionada. Así, si el art. 72. 3 LSV, en la redacción del artículo único.31 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, se limitaba a establecer el deber de identificar al conductor, tras la reforma de 2005, el art. 72.3 LSV establece, ya expresamente, el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción.

     En segundo lugar, indica que en los casos resueltos por las Sentencias citadas, la cuestión planteada versaba sobre la suficiencia de los datos aportados sobre la identidad del conductor (en concreto, cuando no se indicaba el Documento Nacional de Identidad o el nº del permiso de conducir) y, al igual que en el caso resuelto por la STC 111/2004, de 12 de julio, en ninguna de ellas la Administración intentó siquiera comunicar con la persona identificada, a pesar de lo cual concluyó sancionando al propietario por incumplimiento del deber de identificación a la vista de la omisión de determinados datos que ni siquiera eran exigidos por la norma vigente en el momento de la comisión de los hechos.

     Sin embargo, en el supuesto que dio lugar al recurso de amparo, la Administración realizó las actuaciones necesarias para incoar el procedimiento sancionador contra el conductor identificado por el propietario, sin que, ante la negativa del identificado como conductor, le sea a ésta posible realizar otras actuaciones o practicar nuevas pruebas dirigidas a comprobar la veracidad de la identificación antes de incoar el correspondiente procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de identificación veraz del conductor.

     Así, y a pesar de que la resolución administrativa sancionadora no incluye una motivación expresa acerca del concreto hecho constitutivo de la infracción, parece haberse fundado en la negación de los hechos por parte de la persona identificada como conductora del vehículo para considerar que el demandante de amparo había incumplido la obligación de identificar verazmente al conductor del vehículo objeto de la denuncia.

     Concluye señalando que la exigencia de que la identificación del conductor sea veraz o verosímil es un requisito expresamente contemplado en la norma. Así pues, si el cumplimiento del deber impuesto en el art. 72.3 LSV exige no sólo la identificación suficiente sino, además, veraz o verosímil del conductor, la interpretación según la cual el deber de identificación veraz no se habría cumplimentado en los términos legalmente exigidos cuando no quede acreditado que la persona identificada como conductora lo sea realmente, encaja en el sentido literal de la norma.

     En otras palabras, la interpretación según la cual la tajante negativa del identificado como conductor puede suponer una identificación inverosímil o inveraz que permite por tanto sancionar al titular del automóvil.

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