El “inexplicable” efecto de la caducidad en el procedimiento sancionador tributario

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     Con esta entrada sólo quiero llamar la atención sobre una cuestión que he descubierto recientemente y cuyo sentido he de reconocer que no alcanzo a comprender.

   Para centrar el tema, os indicaré que está relacionado con la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos sancionadores una vez declarada su caducidad.

   Como es de sobra conocido, el Tribunal Supremo, ya en su sentencia de 12 de junio de 2003, al resolver un recurso de casación en interés de ley fijó la siguiente doctrina legal:

    “La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artículo 92.3 de la misma Ley”

      Así las cosas, como la caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no produce por sí misma la prescripción de las acciones, cabe volver a iniciar un nuevo expediente sancionador por los mismos hechos si éstos no hubieren prescrito.

     No obstante lo anterior, si es posible que la ley establezca otra cosa al respecto, es decir, que se impida la posibilidad de iniciar nuevo expediente sancionador cuando haya caducado.

     Y aquí viene la SORPRESA (con mayúsculas) al descubrir que la única excepción prevista a esta regla (si sabéis de más casos os agradecería que me lo indicarais) es la del procedimiento sancionador tributario.

      En efecto, el artículo 211.4 de la Ley General Tributaria indica que el vencimiento del plazo de 6 meses de caducidad sin que se haya dictado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

     De acuerdo con lo anterior, si es posible (siempre que no haya prescrito la infracción) volver a iniciar un procedimiento sancionador caducado por infracciones de tráfico, medioambientales, laborales, etc., pero no así en materia tributaria, lo cual no deja de resultar paradójico.

      En efecto, no debemos olvidar la clase de infracciones que se sancionan en estos procedimientos de acuerdo con el catálogo establecido en los artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria (v.gr dejar de ingresar deudas tributarias resultante de autoliquidaciones, por solicitar u obtener indebidamente devoluciones, por incumplir obligaciones contables, de facturación, etc), por lo que no se alcanza a comprender las poderosas razones (sin duda alguna debieron serlo) para que el legislador estableciera semejante excepción en una materia tan sensible como ésta.

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