La perpetuatio jurisdictionis en el ámbito penal

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    ¿Hasta cuándo puede declararse la incompetencia del órgano judicial en el seno de un proceso penal?

   Esta pregunta engarza directamente con un caso de contrabando y falsificación de efectos timbrados llevado por una compañera de la Abogacía.

     La instrucción del proceso se había llevado en Zaragoza y, una vez culminada la misma, el Juzgado de Instrucción acordó remitir las actuaciones al órgano competente para su enjuiciamiento, es decir, al Juzgado de lo Penal que por turno correspondiera.

     Recibida por el Juzgado de lo Penal, y tras alguna resolución del mismo (declarando la insolvencia de los acusados y ordenando la destrucción del tabaco), finalmente dictó auto aprobando la proposición de prueba y ordenando la apertura del juicio oral con señalamiento del día en que debían comenzar las sesiones.

      Pues bien, dos días antes del juicio se planteó por el Ministerio Fiscal la inhibición del Juzgado de lo Penal en favor del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional por considerar que a ella correspondía la competencia objetiva para conocer del delito de falsedad de efectos timbrados (que además consideraba cometido en Taiwan), y por ende, por razones de conexidad (ex art 65 LOPJ), el delito de contrabando.

     El Juzgado de lo Penal acordó inhibirse en favor del Juzgado Central de lo Penal, resolución frente a la cual la Abogacía del Estado interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, a la postre desestimados, lo que determinó la remisión de la causa a la Audiencia Nacional.

    Sin embargo, el Juzgado Central de lo Penal rechazó de plano su competencia mediante Auto de 2 de marzo de 2012, con los razonamientos que ahora indicaremos, acordando que se devolvieran las actuaciones al Juzgado de lo Penal de Zaragoza para que, en su caso, planteara ante el Tribunal Supremo la correspondiente cuestión de competencia, cosa que no ocurrió, ya que el Juzgado de lo Penal acabó asumiendo la competencia.

       Lo primero que hace el citado auto es dar un “tirón de orejas”, si se me permite la expresión, al Juzgado de lo Penal, al indicar que dado que la inhibición del Juzgado de lo Penal se había realizado cuando ya se había abierto juicio oral y las actuaciones se encontraban a disposición del órgano de enjuiciamiento para la celebración del correspondiente juicio, dicha inhibición lo que había producido era una dilación del procedimiento.

      A continuación, resume la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el concepto de la “perpetuatio jurisdictionis”, que entiende plenamente aplicable al caso.

     Así, indica que “una vez abierta la fase de juicio oral la competencia ya fijada no es susceptible de ser variada y permanece inmune incluso a una norma legislativa, salvo cuando ésta disponga expresamente otra cosa. Deberá estarse como régimen supletorio (artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al artículo 44 de la Ley Procesal Civil que viene a establecer de un modo claro y terminante la predeterminación legal de la competencia: “Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores al a incoación de las actuaciones de que se trate”. Puede entenderse que la fase de instrucción no tiene ese carácter de “proceso estrictu sensu”, es preparatoria del auténtico proceso que se inicia con la apertura del juicio oral. Pero estando ya en esa fase no cabe la variación competencial salvo la previsión expresa del legislador. Si no, quedaría vacío de contenido el prefijo “pre” que precede a la determinación legal del juez”.

     Continúa igualmente indicando que “El pase a la fase de juicio oral se erige en un momento clave para disciplinar un régimen distinto de las nuevas normas competenciales. Cuando el procedimiento ha superado la fase de instrucción y ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, no puede modificarse la competencia, en esa etapa o fase del procedimiento, hay que acudir, como hemos declarado en  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2008, a la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarad una vez abierto el juicio oral, incluso en casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia”.

     En definitiva, y a modo de conclusión, la competencia en el proceso penal puede ser objeto de discusión hasta que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral, ya que a partir de ese momento opera la “perpetuatio jurisdictionis”, residenciando la competencia de enjuiciamiento en el órgano judicial que hubiera dictado el citado auto.

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