La interrupción de la prescripción se mantiene efectiva aunque se declare nulidad de actuaciones.

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      Una de las cuestiones que más me preocupa en el día a día, viendo la saturación de los juzgados y los constantes recursos interpuestos por las defensas para alargar las instrucciones es la posible prescripción de los delitos, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal (ex art 130.6 CP).

     En una entrada anterior ya traté la cuestión de los actos procesales con virtualidad interruptiva de la prescripción (aquí). A continuación, y si bien relacionado con lo anterior, me centro en un aspecto muy concreto de la instrucción. ¿Se entiende interrumpida la prescripción aunque se declare la nulidad de las actuaciones?

     Para resolver esta cuestión es imprescindible citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 (Ponente Luciano Varela Castro), que estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz por el que se acordaba el sobreseimiento libre de la causa (art. 637.3º LECrim.) al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los inculpados por prescripción del presunto delito.

    La sentencia, si bien recoge el voto particular de un magistrado, acoge el acuerdo adoptado por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala el 27 de abril de 2011 que concluyó que “las actuaciones declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su momento”.

     Respecto al iter procesal del asunto hay que tener en cuenta lo siguiente:

     - El Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura de juicio oral el 14 de mayo de 2001.

     - En 18 de diciembre de 2001 da traslado a los imputados para formular calificación, sin que ordenara el traslado a la defensa de los responsables civiles.

     - Tras varias actuaciones tendentes a determinar la competencia para conocer del asunto, el Juzgado de lo Penal de Badajoz se inhibe, mediante resolución de 27 de marzo de 2003, en favor de la Audiencia de Badajoz.

     - El día 26 de marzo de 2003 había sido solicitada la nulidad de actuaciones por omitirse el traslado a los responsables civiles para emitir escrito de calificación, petición que fue estimada por la Audiencia en auto de 1 de septiembre de 2004, que decidió: a) la nulidad de lo actuado con reposición del procedimiento al momento en que dicho traslado debió haber sido dado y b) mantener las actuaciones no viciadas de nulidad.

      – Hasta el 16 de diciembre de 2007 no se cumplimenta por el Juzgado de Instrucción lo ordenado por la Audiencia, dando traslado de las actuaciones a los responsables civiles para formular calificación provisional.

      La cuestión que suscita la resolución de la Audiencia Provincial es la de si concurren el presupuesto de paralización del procedimiento durante tiempo suficiente para que deba ser declarada extinguida la responsabilidad criminal de los imputados acusados.

      Tal y como indica la sentencia, la respuesta se hace depender de la determinación de los actos del procedimiento, ocurridos después del 18 de diciembre de 2001, a los que se les pueda atribuir efectos interruptivos de la prescripción y, en particular, si la declaración de nulidad por auto de 1 de septiembre de 2004, con orden de reposición al trámite dispuesto por resolución de diciembre de 2001 para dar traslado para calificación a los responsables civiles, da lugar a una situación equivalente a la de total inexistencia de dichas actuaciones posteriores a aquel momento o; si por el contrario, pese a la reposición ordenada, los actos posteriores al momento al que se remite la reposición mantienen la efectividad interruptora de la prescripción.

      La sentencia considera que el auto de 1 de Septiembre de 2004, cuya propia parte dispositiva salva de la nulidad que declara los actos que fueron válidos, debe estimarse válido, y de acuerdo con la opinión del Pleno no Jurisdiccional, declara que dicho auto interrumpió la prescripción.

       En efecto, en su FJ3 indica que

     “La aplicación de lo acordado por el Pleno no jurisdiccional implica que las actuaciones nulas, aunque no produzcan el efecto de dejar subsistente lo que en ellos se ordena, en cuanto han existido producen la irrevocable consecuencia de interrumpir el transcurso de tiempo con consecuencias extintivas de responsabilidad por prescripción.

    Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal  establece que  el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento.

     Anular  una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia…

     La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad. En los sistemas que conciben la prescripción como causa de extinción de responsabilidad criminal de naturaleza material, y no meramente procesal, no recogen la norma que priva de trascendencia interruptora a los actos no válidos. Lo que sí hace el Código de Procedimiento francés, precisamente porque considera la prescripción como un instituto procesal”.

     No se puede concluir el comentario de la sentencia sin significar cual es la posición del magistrado que formula el voto particular, quien considera que si bien del examen de la jurisprudencia de la Sala existe una opinión mayoritaria a estimar que en caso de nulidad de actuaciones, aquellas resoluciones de contenido sustancial que caen dentro del ámbito temporal de la nulidad acordada mantienen su vigencia cuando la causa de la nulidad no les afecta –SSTS 1050/1997, 438/2003 y 263/2005–, también existe una resolución, la STS 1580/2002, que estima que a consecuencia de la nulidad acordada, todas las actuaciones que caigan dentro del periodo de la nulidad decretada carecen de toda virtualidad a los efectos de interrumpir la prescripción, de manera que en este caso, cuando la “vuelta atrás” de la causa a consecuencia de la nulidad declarada supone el transcurso de un tiempo superior al fijado en la Ley para la prescripción del delito, ésta debió declararse.

 

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