¿Qué ocurre con los juicios de faltas iniciados antes de 1 de junio de 2015?

     Como es de sobras conocido, tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, las faltas han desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico, habiéndose producido en la mayoría de los casos su transformación en delitos leves y en algunos casos su despenalización.

     Esta reforma, como todas, plantea problemas de derecho transitorio que se resuelven acudiendo a la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 1/2015, que establece lo siguiente:

     “1. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.

     2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

     Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

     De acuerdo con el citado artículo se plantean tres escenarios diferentes.

     1º.- Faltas que quedan despenalizadas, como por ejemplo la de homicidio y lesiones por imprudencia leve, pero que llevan aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán su tramitación hasta su normal terminación, limitándose en contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidad civil o costas, y ello claro salvo renuncia expresa de la acción civil, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado.

     2º.- Faltas que se transforman en delitos leves, como por ejemplo la de daños del artículo 625 o la de falta de respeto y consideración debida del artículo 634 (hoy recogidas respectivamente en los artículos 263 y 556).

     En este caso hay que acudir a la penalidad concreta de los delitos leves, y dado que éstos elevan las penas previstas para las faltas, las penas que deben imponerse a los condenados por dichas conductas son las de las faltas (ex artículo 2 CP).

     3º.- Faltas que se transforman en delitos leves pero que requieren denuncia previa, como las faltas de lesiones leves y los malos tratos del artículo 671.2 y 2, hoy integradas en el 147.2 y 3. Estas conductas quedan sometidas al mismo régimen que las despenalizadas, es decir, que se continuará su tramitación limitándose el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidad civil o costas, salvo renuncia de la acción civil.

     Resulta interesante en esta materia la consulta de la Circular 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015

Recurso de revisión: Sentencias dictadas por el mismo hecho. Excepción a la regla de anular la segunda.

El Tribunal Supremo resuelve en esta Sentencia de 26 noviembre de 2014 un recurso de revisión basado en la existencia de dos sentencias dictadas en virtud de un mismo hecho.

La primera de ellas condena al acusado como autor de una falta de estafa cometida el día 13 de octubre de 2011, mientras que la segunda le condena como autor de un delito continuado de estafa a una pena de 8 meses de prisión, recogiendo igualmente en los hechos probados de la misma el episodio del 13 de octubre de 2011.

Pues bien, el Tribunal Supremo comienza indicando que si bien la duplicidad de condenas penales por unos mismos hechos a una misma persona por el mismo o distintos órganos judiciales no se halla prevista expresamente en el art. 954 de la LECr, debe estimarse la posibilidad de revisar tales sentencias ya sea mediante una interpretación amplia y extensiva del art. 954.4º de la LECr (cuando se trata además de  evitar situaciones que pugnan con el más elemental sentido de justicia), ya aplicando el principio “non bis in idem”, que puede apreciarse de oficio, y la doctrina sobre cosa juzgada material.

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene señalando que dado que los efectos de cosa juzgada material de las sentencias firmes impiden que puedan volver a ser juzgados los hechos ya sentenciados de forma irrevocable, en los casos de doble enjuiciamiento de la misma persona por el mismo hecho ha de darse prevalencia a la primera sentencia y declarar la nulidad de la segunda (Sentencia de 21 de diciembre de 2012 o Sentencia de 12 de junio de 2013).

No obstante lo anterior, la Sala decide en este caso dejar sin efecto la sentencia dictada en primer lugar, por considerar que la segunda abarca en su contenido no solo el hecho enjuiciado en la primera, sino otros dos hechos defraudatorios a mayores, integrando todos ellos un único tipo penal delictivo de estafa, en el que queda absorbida la falta objeto de condena.

Así pues, y manera excepcional, es la sentencia posterior la que prevalece sobre la dictada en primer lugar, debido a que el delito en que se basó la condena comprende como un episodio más el hecho integrante de la falta de estafa juzgada en el primer procedimiento.

Luces y sombras en la declaración como imputado de la persona jurídica

     La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como es de sobras conocido, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados tipos delictivos.

     Como consecuencia de lo anterior, fue necesario adaptar la legislación procesal a esta nueva posibilidad, dictándose la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal.

        Dado que la Ley Orgánica 5/2010 entró en vigor el 23 de junio de 2011 me encuentro cada vez con más frecuencia con procesos en los que existe imputación de la persona jurídica, habiéndose planteando ya diversas cuestiones prácticas en cuanto a la imputación o declaración de las personas jurídicas y que están siendo resueltas de diferente manera en función del Juzgado que esté instruyendo el proceso.

      En concreto, por lo que a esta entrada interesa, es preciso destacar los artículos 409 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la primera comparecencia de la persona jurídica a efectos de proceder a tomar declaración al representante especialmente designado por ella.

     Esta declaración, según señala el artículo 409 (el 775 contiene su aplicación en el procedimiento abreviado), irá dirigida a la averiguación de los hechos  y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.

     Pues bien, recientemente me he encontrado con la paradoja de que en dos juzgados diferentes me han “negado” la posibilidad de formular preguntas al representante designado por la persona jurídica.

     En el primero de ellos, el representante designado por la sociedad era el propio imputado como administrador de derecho de la misma, a su vez socio único. El juez denegó las preguntas entendiendo que la estrategia procesal de la persona jurídica iba era coincidente con la del administrador imputado.

     En este caso, a pesar del evidente conflicto de intereses, puedo llegar a entender la posición del juzgador al tratarse de una sociedad unipersonal, si bien hubiera sido necesario, a mi juicio, que se hubiera al menos preguntado al citado representante si mantenía la misma versión que en su declaración como imputado persona física y no “rechazar” de plano su intervención, limitándose a preguntarle si conocía la querella y los hechos consignados en ella.

     El segundo es un caso totalmente diferente, donde los imputados son los tres consejeros del consejo de administración de la sociedad. En la actualidad, tras la reciente compra de la mayoría de las acciones de la entidad por otra empresa (apenas dos meses antes), el consejo cesó en su totalidad y fueron nombrados otros nuevos. Y es precisamente uno de estos nuevos consejeros el representante designado por la sociedad para comparecer en el proceso en nombre de la misma.

     La denegación esta vez vino motivada por entender que dada la reciente incorporación del representante designado por la persona jurídica y, en general, de los nuevos consejeros de la misma, esa declaración carecía de cualquier sentido, dándola por finalizada poco después pese a mis intentos de explicar por qué era necesario oírle.

     Considero que el Juez erró con esa decisión, y ello porque a diferencia del anterior, en este caso la estrategia procesal de la empresa, con los nuevos representantes, no tenía por qué ser coincidente con la de los tres consejeros imputados, antes bien al contrario, ya que éstos habían cesado, entre otras razones, como consecuencia de su mala gestión, de manera que hubiera sido en todo punto conveniente conocer la versión de los hechos de la sociedad a través de sus nuevos representantes, incluso aunque hubiera sido en el sentido de apoyar la anterior gestión.

     En apoyo de este argumento no debemos olvidar además, que la reforma también introdujo el apartado 8 del artículo 787, permitiendo la conformidad de la persona jurídica con independencia de la posición que adopten los demás acusados, pensando en la posibilidad de que los intereses de una y otros sean diferentes.

     Parece por tanto que la insuficiente regulación de la participación en el proceso de las personas jurídicas imputadas deja en manos de cada juez el desarrollo de la declaración de las mismas conllevando en mi opinión una clara inseguridad jurídica.

Plazos para personarse como acusación particular

  Esta entrada viene motivada por una providencia notificada recientemente en la que se acordaba no haber lugar a la personación de la Abogacía del Estado por entender que habiéndose formulado la calificación por el Ministerio Fiscal no es ya momento procesal oportuno para ello.

     Al margen de que el escrito de personación se había presentado meses antes de que se formulara la calificación por el Fiscal (hecho que por sí mismo determinaría que debiera aceptarse la misma), se me planteó la cuestión de hasta cuándo podía personarme en un proceso penal como acusación particular y, como consecuencia de lo anterior, hasta cuándo era posible presentar el escrito de acusación.

     Pues bien, examinada la cuestión, formulé recurso de reforma frente a la citada providencia (que todavía está pendiente de resolverse) sobre la base de dos ideas básicas.

     En primer lugar, como es de sobra sabido, existe la obligación legal de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito. Es decir, el Secretario Judicial les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales les correspondan, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

      La obligatoriedad de realizar este ofrecimiento de acciones es tal que, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 900/2006 de 22 de septiembre se aclaró que para el caso de que no se hubiera llevado a cabo el mismo, y a los efectos de evitar una clara indefensión en caso contrario, debía permitirse al ofendido que no se hubiera personado por este motivo como Acusación Particular conocer en todo caso el contenido de la causa, calificar los hechos y proponer prueba de su interés, ello, siempre que fuera posible hacerlo teniendo en cuenta la fase en la que el procedimiento se encontrara; en caso de que no se pudiera llevar a cabo esta actuación procesal, se decretaría la nulidad de lo actuado de conformidad con el art. 240.2 LOPJ y la reposición de la causa al momento procesal que permitiera realizar el preceptivo ofrecimiento de acciones al perjudicado.

      Es decir, que no habiéndose realizado ofrecimiento de acciones al perjudicado y no constando que se hubiera dado traslado a la defensa para formular el escrito de defensa correspondiente, debería permitirse a la Abogacía del Estado calificar los hechos y proponer prueba, pudiendo incluso de no ser así solicitar la nulidad de lo actuado y la reposición de la causa al momento procesal oportuno, con el consiguiente e indeseado retraso de la tramitación.

       Y en segundo lugar, y si bien es cierto que el artículo 110 LECrim en su apartado primero establece que “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”, el Tribunal Supremo viene reconociendo que la personación como acusación particular en un proceso penal puede efectuarse después del trámite de calificación del delito, llegando incluso hasta el mismo acto del juicio oral.

      Es decir, que sin necesidad de que se haya presentado escrito de acusación ni haberse personado como Acusación Particular con carácter previo, se puede intervenir el mismo día del juicio, personarse “apud acta” y hacer las conclusiones que se estimen convenientes como Acusación particular.

      Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia 170/2005 de 18 de febrero, al indicar que

      ”no hay obstáculo para que si la víctima comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, así como adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso. En todo caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de la sesión previsto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación se hará por analogía cuando las conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con la del resto de las acusaciones”.

      Este mismo criterio se consolidó por el propio Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1140/2005 de 3 de octubre, en cuyo Fundamento de Derecho 4º se establece:

      “Por otra parte, y a mayor abundamiento, no se puede olvidar, como recuerda la Sentencia de esta Sala 170/2005, de 18 de febrero, que la regulación del modo y manera en que las víctimas pueden personarse en el procedimiento ha sufrido modificación en el transcurso de este procedimiento. El antiguo artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remitía a los art. 109 y 110 del mismo texto legal, lo que llevaba a la interpretación de que su personación sólo se podía realizar antes del trámite de calificación. Esta interpretación, excesivamente rigurosa, no encaja con el principio de igualdad de armas, tanto de la acusación como de la defensa, por lo que debe ser analizado en el momento de producirse la personación cuando todavía no había entrado en vigor la actual redacción. El vigente artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal soluciona el problema, ajustándose más a la previsión constitucional y exigiendo que, en todo caso, aunque la víctima no sea parte en el proceso deberá ser informada por escrito de la fecha y lugar de la celebración del juicio. Con la actual regulación quedan sin efecto las previsiones del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por dejación de derechos de la víctima, no hay obstáculo para que si comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso.”

      Y también podemos citar la Sentencia núm. 271/2010 de 30 de marzo.

    De acuerdo con lo anterior, la personación de la Abogacía del Estado en dicho procedimiento podría tener lugar incluso el mismo día del juicio oral, pudiendo formular en ese momento las conclusiones que tuviera por conveniente.

     Ello no obstante, y en aras de la garantía del derecho de defensa, lo más conveniente sería que se estimando el recurso se admitiera la personación con traslado de la totalidad de la causa y se le permitiera formular escrito de conclusiones provisionales.

La perpetuatio jurisdictionis en el ámbito penal

    ¿Hasta cuándo puede declararse la incompetencia del órgano judicial en el seno de un proceso penal?

   Esta pregunta engarza directamente con un caso de contrabando y falsificación de efectos timbrados llevado por una compañera de la Abogacía.

     La instrucción del proceso se había llevado en Zaragoza y, una vez culminada la misma, el Juzgado de Instrucción acordó remitir las actuaciones al órgano competente para su enjuiciamiento, es decir, al Juzgado de lo Penal que por turno correspondiera.

     Recibida por el Juzgado de lo Penal, y tras alguna resolución del mismo (declarando la insolvencia de los acusados y ordenando la destrucción del tabaco), finalmente dictó auto aprobando la proposición de prueba y ordenando la apertura del juicio oral con señalamiento del día en que debían comenzar las sesiones.

      Pues bien, dos días antes del juicio se planteó por el Ministerio Fiscal la inhibición del Juzgado de lo Penal en favor del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional por considerar que a ella correspondía la competencia objetiva para conocer del delito de falsedad de efectos timbrados (que además consideraba cometido en Taiwan), y por ende, por razones de conexidad (ex art 65 LOPJ), el delito de contrabando.

     El Juzgado de lo Penal acordó inhibirse en favor del Juzgado Central de lo Penal, resolución frente a la cual la Abogacía del Estado interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, a la postre desestimados, lo que determinó la remisión de la causa a la Audiencia Nacional.

    Sin embargo, el Juzgado Central de lo Penal rechazó de plano su competencia mediante Auto de 2 de marzo de 2012, con los razonamientos que ahora indicaremos, acordando que se devolvieran las actuaciones al Juzgado de lo Penal de Zaragoza para que, en su caso, planteara ante el Tribunal Supremo la correspondiente cuestión de competencia, cosa que no ocurrió, ya que el Juzgado de lo Penal acabó asumiendo la competencia.

       Lo primero que hace el citado auto es dar un “tirón de orejas”, si se me permite la expresión, al Juzgado de lo Penal, al indicar que dado que la inhibición del Juzgado de lo Penal se había realizado cuando ya se había abierto juicio oral y las actuaciones se encontraban a disposición del órgano de enjuiciamiento para la celebración del correspondiente juicio, dicha inhibición lo que había producido era una dilación del procedimiento.

      A continuación, resume la doctrina del Tribunal Supremo en relación con el concepto de la “perpetuatio jurisdictionis”, que entiende plenamente aplicable al caso.

     Así, indica que “una vez abierta la fase de juicio oral la competencia ya fijada no es susceptible de ser variada y permanece inmune incluso a una norma legislativa, salvo cuando ésta disponga expresamente otra cosa. Deberá estarse como régimen supletorio (artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al artículo 44 de la Ley Procesal Civil que viene a establecer de un modo claro y terminante la predeterminación legal de la competencia: “Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores al a incoación de las actuaciones de que se trate”. Puede entenderse que la fase de instrucción no tiene ese carácter de “proceso estrictu sensu”, es preparatoria del auténtico proceso que se inicia con la apertura del juicio oral. Pero estando ya en esa fase no cabe la variación competencial salvo la previsión expresa del legislador. Si no, quedaría vacío de contenido el prefijo “pre” que precede a la determinación legal del juez”.

     Continúa igualmente indicando que “El pase a la fase de juicio oral se erige en un momento clave para disciplinar un régimen distinto de las nuevas normas competenciales. Cuando el procedimiento ha superado la fase de instrucción y ya se ha procedido a la apertura del juicio oral, no puede modificarse la competencia, en esa etapa o fase del procedimiento, hay que acudir, como hemos declarado en  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2008, a la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto ello supone el mantenimiento de una competencia declarad una vez abierto el juicio oral, incluso en casos en los que la acusación desistiera de la calificación más grave que dio lugar a la atribución de la competencia”.

     En definitiva, y a modo de conclusión, la competencia en el proceso penal puede ser objeto de discusión hasta que se haya dictado el auto de apertura de juicio oral, ya que a partir de ese momento opera la “perpetuatio jurisdictionis”, residenciando la competencia de enjuiciamiento en el órgano judicial que hubiera dictado el citado auto.

La interrupción de la prescripción se mantiene efectiva aunque se declare nulidad de actuaciones.

      Una de las cuestiones que más me preocupa en el día a día, viendo la saturación de los juzgados y los constantes recursos interpuestos por las defensas para alargar las instrucciones es la posible prescripción de los delitos, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal (ex art 130.6 CP).

     En una entrada anterior ya traté la cuestión de los actos procesales con virtualidad interruptiva de la prescripción (aquí). A continuación, y si bien relacionado con lo anterior, me centro en un aspecto muy concreto de la instrucción. ¿Se entiende interrumpida la prescripción aunque se declare la nulidad de las actuaciones?

     Para resolver esta cuestión es imprescindible citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 (Ponente Luciano Varela Castro), que estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz por el que se acordaba el sobreseimiento libre de la causa (art. 637.3º LECrim.) al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los inculpados por prescripción del presunto delito.

    La sentencia, si bien recoge el voto particular de un magistrado, acoge el acuerdo adoptado por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala el 27 de abril de 2011 que concluyó que “las actuaciones declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su momento”.

     Respecto al iter procesal del asunto hay que tener en cuenta lo siguiente:

     - El Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura de juicio oral el 14 de mayo de 2001.

     - En 18 de diciembre de 2001 da traslado a los imputados para formular calificación, sin que ordenara el traslado a la defensa de los responsables civiles.

     - Tras varias actuaciones tendentes a determinar la competencia para conocer del asunto, el Juzgado de lo Penal de Badajoz se inhibe, mediante resolución de 27 de marzo de 2003, en favor de la Audiencia de Badajoz.

     - El día 26 de marzo de 2003 había sido solicitada la nulidad de actuaciones por omitirse el traslado a los responsables civiles para emitir escrito de calificación, petición que fue estimada por la Audiencia en auto de 1 de septiembre de 2004, que decidió: a) la nulidad de lo actuado con reposición del procedimiento al momento en que dicho traslado debió haber sido dado y b) mantener las actuaciones no viciadas de nulidad.

      – Hasta el 16 de diciembre de 2007 no se cumplimenta por el Juzgado de Instrucción lo ordenado por la Audiencia, dando traslado de las actuaciones a los responsables civiles para formular calificación provisional.

      La cuestión que suscita la resolución de la Audiencia Provincial es la de si concurren el presupuesto de paralización del procedimiento durante tiempo suficiente para que deba ser declarada extinguida la responsabilidad criminal de los imputados acusados.

      Tal y como indica la sentencia, la respuesta se hace depender de la determinación de los actos del procedimiento, ocurridos después del 18 de diciembre de 2001, a los que se les pueda atribuir efectos interruptivos de la prescripción y, en particular, si la declaración de nulidad por auto de 1 de septiembre de 2004, con orden de reposición al trámite dispuesto por resolución de diciembre de 2001 para dar traslado para calificación a los responsables civiles, da lugar a una situación equivalente a la de total inexistencia de dichas actuaciones posteriores a aquel momento o; si por el contrario, pese a la reposición ordenada, los actos posteriores al momento al que se remite la reposición mantienen la efectividad interruptora de la prescripción.

      La sentencia considera que el auto de 1 de Septiembre de 2004, cuya propia parte dispositiva salva de la nulidad que declara los actos que fueron válidos, debe estimarse válido, y de acuerdo con la opinión del Pleno no Jurisdiccional, declara que dicho auto interrumpió la prescripción.

       En efecto, en su FJ3 indica que

     “La aplicación de lo acordado por el Pleno no jurisdiccional implica que las actuaciones nulas, aunque no produzcan el efecto de dejar subsistente lo que en ellos se ordena, en cuanto han existido producen la irrevocable consecuencia de interrumpir el transcurso de tiempo con consecuencias extintivas de responsabilidad por prescripción.

    Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal  establece que  el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento.

     Anular  una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia…

     La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad. En los sistemas que conciben la prescripción como causa de extinción de responsabilidad criminal de naturaleza material, y no meramente procesal, no recogen la norma que priva de trascendencia interruptora a los actos no válidos. Lo que sí hace el Código de Procedimiento francés, precisamente porque considera la prescripción como un instituto procesal”.

     No se puede concluir el comentario de la sentencia sin significar cual es la posición del magistrado que formula el voto particular, quien considera que si bien del examen de la jurisprudencia de la Sala existe una opinión mayoritaria a estimar que en caso de nulidad de actuaciones, aquellas resoluciones de contenido sustancial que caen dentro del ámbito temporal de la nulidad acordada mantienen su vigencia cuando la causa de la nulidad no les afecta –SSTS 1050/1997, 438/2003 y 263/2005–, también existe una resolución, la STS 1580/2002, que estima que a consecuencia de la nulidad acordada, todas las actuaciones que caigan dentro del periodo de la nulidad decretada carecen de toda virtualidad a los efectos de interrumpir la prescripción, de manera que en este caso, cuando la “vuelta atrás” de la causa a consecuencia de la nulidad declarada supone el transcurso de un tiempo superior al fijado en la Ley para la prescripción del delito, ésta debió declararse.

 

A vueltas con la prescripción: Orden de busca y captura y rebeldía.

“Que DEBO DECLARAR Y DECLARO EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION DEL DELITO LA RESPONSABILIDAD PENAL OBJETO DE ACUSACION FRENTE A …, DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES, CON RESERVA DE ACCIONES CIVILES”.

Cuando te notifican un auto tan temido como éste, además de agarrarte un monumental cabreo por el esfuerzo invertido en el pleito, sólo te queda encontrar, si es que tienes suerte, una resolución judicial que interrumpa la prescripción.

El Tribunal Supremo tiene declarado (entre otras en STSS 1146/2006, de 22-11; 644/1997, de 9-5 o 1097/2004, de 7-9), que solo tienen virtud interruptora aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción, sin que el cómputo se interrumpa por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento. Igualmente afirma que la prescripción opera por la paralización del procedimiento sin tener en cuenta quién ha omitido su impulso.

Dicho esto, surge la inevitable cuestión de qué concretas resoluciones interrumpen la prescripción y si la actitud del imputado o acusado debe tenerse en cuenta a estos efectos.

Por lo que se refiere a las resoluciones que interrumpen la prescripción, es evidente que son intrascendentes, y así han sido calificadas, aquellas resoluciones que hacen referencia, por ejemplo, a la expedición de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones o las meras averiguaciones de domicilio. Sin embargo hay algunas otras que, si bien también se encuentran excluidas, plantean a mi juicio mayores dudas, al estar íntimamente relacionadas con la actitud del imputado, procesado o acusado, como las órdenes de búsqueda y captura o requisitorias y el auto de rebeldía.

Es evidente que en materia penal la seguridad jurídica reconocida en el 9.3 de la Constitución, exige que exista un criterio determinado para establecer cuándo prescribe una causa. Ello no obstante, en determinadas ocasiones, como en los casos de rebeldía o extradición, el plazo de prescripción no debería jugar a favor del imputado, procesado o acusado.

En materia de extradición así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la interesante sentencia de 24 de octubre de 2012 dictada en el recurso de casación 869/2012, pero se niega sistemáticamente la virtualidad interruptiva del auto de rebeldía o a la orden de busca y captura, cuando a mi juicio son supuestos reconducibles a una misma realidad.

En efecto, debería reconocerse el carácter de interruptivos a aquellos actos procesales dictados como consecuencia de la acción elusiva del imputado, procesado o acusado, ya que es él mismo el que se coloca en situación de rebeldía y ello determina la necesidad de su requerimiento compulsivo, ya sea mediante la emisión de órdenes de busca y captura, ya sea reclamando su extradición en el caso de que se encontrase fuera de los límites jurisdiccionales correspondientes, evitando de este modo que el transcurso del tiempo pueda operar en su favor.

En mi opinión, no hay duda de que tanto en el caso de las órdenes de busca y captura como en las solicitudes de extradición, el Estado lleva a cabo acciones persecutorias muy claras, motivadas por la actitud del acusado y con el firme propósito de avanzar procesalmente en la indagación del hecho investigado.

El Tribunal Supremo, en la sentencia citada ut supra, considera sin embargo que mientras que en la naturaleza de la orden de busca y captura subyace precisamente el desconocimiento del concreto paradero del individuo afectado, la extradición por el contrario parte de la base de la aportación por el Estado solicitante de un cúmulo de datos que no sólo permitan la perfecta identificación del sujeto sobre el cual se vierte tal petición, sino muy especialmente de su punto de localización y/o residencia en el territorio del Estado reclamado.

Señala también que son muy diferentes los fines que guían a una y otra, ya que mientras que en la extradición la misiva fundamental es la entrega del sujeto extraditado para su enjuiciamiento en el país reclamante o bien para el cumplimiento efectivo en él de una condena ya impuesta, en el caso de la busca y captura, si presenta el formato de una requisitoria, irá dirigida a localizar al procesado que, ausentado del domicilio designado para notificaciones, no fuere hallado en el mismo y careciere de otra residencia conocida en la que poder localizarlo; también se dictará respecto de quien se hubiere evadido del establecimiento en el que se hallare detenido o preso; e igualmente de quien incumpliere su deber de presentación «apud acta» o ante cualquier llamamiento judicial, estando en libertad provisional (art. 835 LECrim).

Pues bien, en la actualidad, la única manera de que una orden de busca y captura pueda llegar a producir efectos interruptivos es que la misma se encuentre anudada a una medida cautelar de prisión provisional dictada por ignorarse el paradero del imputado o acusado o la necesidad de practicar diligencias que deban entenderse personalmente con el mismo.

En efecto, el Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones (por todas ellas SSTS 1501/1998, de 4 de diciembre; 1132/2000, de 30 de junio; 1250/2011, de 22 de noviembre), que el auto de prisión provisional sí interrumpe el plazo de prescripción en cuanto supone una resolución mediante la que se pone de relieve la voluntad de persecución delictiva.

Más recientemente, la STS 965/2012 de 26 de noviembre, dictada en el recurso 10606/2012, además de recoger las sentencias anteriormente mencionadas, indica en el fundamento de derecho primero que:

            “Ha de entenderse por tanto que la resolución en que se acuerda la prisión provisional, dada la relevancia que contiene para el imputado, revela una activación del proceso que impide estimar que este sigue paralizado y que no se está persiguiendo al presunto autor del delito. Si se activa de forma sustancial la busca y la persecución del presunto autor del hecho delictivo mediante su prisión provisional, debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, circunstancia que resulta incompatible con el término “paralización” que recoge la norma penal sustantiva. A fin de cuentas, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria”.

De acuerdo con lo anterior, si bien la busca y persecución del presunto autor del hecho delictivo, cuando se realiza únicamente mediante órdenes de busca y captura o requisitorias no produce efecto alguno respecto a la prescripción, si la misma se realiza mediante su prisión provisional si debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, y ello porque, como indica el Tribunal Supremo, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria.

Sin embargo, a mi modo de ver el matiz no tiene la suficiente entidad como para realizar tamaña diferenciación, con las importantes consecuencias que de ello se derivan en cuanto a la extinción de responsabilidad del presunto autor.

Algo similar ocurre con el auto de declaración de rebeldía, excluido expresamente de las actuaciones que tienen efectos interruptivos de la prescripción. La declaración de rebeldía es una consecuencia de la orden de busca y captura infructuosa, y considerada como la situación en que se coloca el imputado con relación al desarrollo del procedimiento en el cual debe intervenir resistiendo a someterse a la autoridad del tribunal. Se trata por tanto de una actuación omisiva (la de negarse a comparecer, eludiendo la acción de la justicia), pero al ser una situación la simple declaración de rebeldía no constituye un acto procesal que pueda interrumpir la prescripción de la acción penal.

Ello no obstante, entiendo que dicha postura resulta incongruente con el hecho de que el Tribunal Supremo si tenga en cuenta la conducta del imputado, procesado o acusado para ponderar si hubo o no una violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

En efecto, en la STS 469/2006 de 28/04/2006 no se apreció la concurrencia de la atenuante por dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 1998 y el juicio oral se celebró en 2005) por haberse hallado el imputado en situación de paradero desconocido durante la instrucción del procedimiento.

Así las cosas, el paso del tiempo no debería beneficiar a quien propicia su inacción. No debe olvidarse que el imputado, procesado o acusado, como parte del proceso, tiene no solamente derechos sino también deberes que cumplir, como el de comparecer ante el tribunal siempre que su presencia sea requerida, por lo que cuando el individuo que es requerido no comparece ante el tribunal voluntaria y deliberadamente eludiendo e interfiriendo en el proceso, dicha actitud no debería redundar en perjuicio de la jurisdicción y de otros individuos que si cumplan con sus deberes, viéndose afectado del mismo modo el principio de igualdad al favorecer la situación del sujeto contumaz, que se substrae a la jurisdicción, frente a la de aquellos que se someten a la misma.

Lo contrario, considerar que la declaración de rebeldía no afecta al transcurso de la prescripción supondría conceder un beneficio de manera injustificada a aquel que decide poner trabas a la acción de la justicia para sustraerse del castigo, lo cual no puede compararse con aquellos casos en los que el hecho o el autor quedan ignorados por jueces y magistrados, o que por culpa de los mismos se paraliza la averiguación de los hechos, en cuyo caso si debe jugar el instituto de la prescripción.