Plazos para personarse como acusación particular

  Esta entrada viene motivada por una providencia notificada recientemente en la que se acordaba no haber lugar a la personación de la Abogacía del Estado por entender que habiéndose formulado la calificación por el Ministerio Fiscal no es ya momento procesal oportuno para ello.

     Al margen de que el escrito de personación se había presentado meses antes de que se formulara la calificación por el Fiscal (hecho que por sí mismo determinaría que debiera aceptarse la misma), se me planteó la cuestión de hasta cuándo podía personarme en un proceso penal como acusación particular y, como consecuencia de lo anterior, hasta cuándo era posible presentar el escrito de acusación.

     Pues bien, examinada la cuestión, formulé recurso de reforma frente a la citada providencia (que todavía está pendiente de resolverse) sobre la base de dos ideas básicas.

     En primer lugar, como es de sobra sabido, existe la obligación legal de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito. Es decir, el Secretario Judicial les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales les correspondan, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

      La obligatoriedad de realizar este ofrecimiento de acciones es tal que, por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 900/2006 de 22 de septiembre se aclaró que para el caso de que no se hubiera llevado a cabo el mismo, y a los efectos de evitar una clara indefensión en caso contrario, debía permitirse al ofendido que no se hubiera personado por este motivo como Acusación Particular conocer en todo caso el contenido de la causa, calificar los hechos y proponer prueba de su interés, ello, siempre que fuera posible hacerlo teniendo en cuenta la fase en la que el procedimiento se encontrara; en caso de que no se pudiera llevar a cabo esta actuación procesal, se decretaría la nulidad de lo actuado de conformidad con el art. 240.2 LOPJ y la reposición de la causa al momento procesal que permitiera realizar el preceptivo ofrecimiento de acciones al perjudicado.

      Es decir, que no habiéndose realizado ofrecimiento de acciones al perjudicado y no constando que se hubiera dado traslado a la defensa para formular el escrito de defensa correspondiente, debería permitirse a la Abogacía del Estado calificar los hechos y proponer prueba, pudiendo incluso de no ser así solicitar la nulidad de lo actuado y la reposición de la causa al momento procesal oportuno, con el consiguiente e indeseado retraso de la tramitación.

       Y en segundo lugar, y si bien es cierto que el artículo 110 LECrim en su apartado primero establece que “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones”, el Tribunal Supremo viene reconociendo que la personación como acusación particular en un proceso penal puede efectuarse después del trámite de calificación del delito, llegando incluso hasta el mismo acto del juicio oral.

      Es decir, que sin necesidad de que se haya presentado escrito de acusación ni haberse personado como Acusación Particular con carácter previo, se puede intervenir el mismo día del juicio, personarse “apud acta” y hacer las conclusiones que se estimen convenientes como Acusación particular.

      Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la sentencia 170/2005 de 18 de febrero, al indicar que

      ”no hay obstáculo para que si la víctima comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, así como adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso. En todo caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de la sesión previsto en el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación se hará por analogía cuando las conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con la del resto de las acusaciones”.

      Este mismo criterio se consolidó por el propio Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1140/2005 de 3 de octubre, en cuyo Fundamento de Derecho 4º se establece:

      “Por otra parte, y a mayor abundamiento, no se puede olvidar, como recuerda la Sentencia de esta Sala 170/2005, de 18 de febrero, que la regulación del modo y manera en que las víctimas pueden personarse en el procedimiento ha sufrido modificación en el transcurso de este procedimiento. El antiguo artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remitía a los art. 109 y 110 del mismo texto legal, lo que llevaba a la interpretación de que su personación sólo se podía realizar antes del trámite de calificación. Esta interpretación, excesivamente rigurosa, no encaja con el principio de igualdad de armas, tanto de la acusación como de la defensa, por lo que debe ser analizado en el momento de producirse la personación cuando todavía no había entrado en vigor la actual redacción. El vigente artículo 785.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal soluciona el problema, ajustándose más a la previsión constitucional y exigiendo que, en todo caso, aunque la víctima no sea parte en el proceso deberá ser informada por escrito de la fecha y lugar de la celebración del juicio. Con la actual regulación quedan sin efecto las previsiones del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por dejación de derechos de la víctima, no hay obstáculo para que si comparece en el juicio oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso.”

      Y también podemos citar la Sentencia núm. 271/2010 de 30 de marzo.

    De acuerdo con lo anterior, la personación de la Abogacía del Estado en dicho procedimiento podría tener lugar incluso el mismo día del juicio oral, pudiendo formular en ese momento las conclusiones que tuviera por conveniente.

     Ello no obstante, y en aras de la garantía del derecho de defensa, lo más conveniente sería que se estimando el recurso se admitiera la personación con traslado de la totalidad de la causa y se le permitiera formular escrito de conclusiones provisionales.