La interrupción de la prescripción se mantiene efectiva aunque se declare nulidad de actuaciones.

      Una de las cuestiones que más me preocupa en el día a día, viendo la saturación de los juzgados y los constantes recursos interpuestos por las defensas para alargar las instrucciones es la posible prescripción de los delitos, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal (ex art 130.6 CP).

     En una entrada anterior ya traté la cuestión de los actos procesales con virtualidad interruptiva de la prescripción (aquí). A continuación, y si bien relacionado con lo anterior, me centro en un aspecto muy concreto de la instrucción. ¿Se entiende interrumpida la prescripción aunque se declare la nulidad de las actuaciones?

     Para resolver esta cuestión es imprescindible citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2011 (Ponente Luciano Varela Castro), que estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz por el que se acordaba el sobreseimiento libre de la causa (art. 637.3º LECrim.) al haberse extinguido la responsabilidad criminal de los inculpados por prescripción del presunto delito.

    La sentencia, si bien recoge el voto particular de un magistrado, acoge el acuerdo adoptado por el Pleno no Jurisdiccional de la Sala el 27 de abril de 2011 que concluyó que “las actuaciones declaradas nulas en el proceso penal no pierden por ello la eficacia interruptiva que tuvieron en su momento”.

     Respecto al iter procesal del asunto hay que tener en cuenta lo siguiente:

     - El Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura de juicio oral el 14 de mayo de 2001.

     - En 18 de diciembre de 2001 da traslado a los imputados para formular calificación, sin que ordenara el traslado a la defensa de los responsables civiles.

     - Tras varias actuaciones tendentes a determinar la competencia para conocer del asunto, el Juzgado de lo Penal de Badajoz se inhibe, mediante resolución de 27 de marzo de 2003, en favor de la Audiencia de Badajoz.

     - El día 26 de marzo de 2003 había sido solicitada la nulidad de actuaciones por omitirse el traslado a los responsables civiles para emitir escrito de calificación, petición que fue estimada por la Audiencia en auto de 1 de septiembre de 2004, que decidió: a) la nulidad de lo actuado con reposición del procedimiento al momento en que dicho traslado debió haber sido dado y b) mantener las actuaciones no viciadas de nulidad.

      – Hasta el 16 de diciembre de 2007 no se cumplimenta por el Juzgado de Instrucción lo ordenado por la Audiencia, dando traslado de las actuaciones a los responsables civiles para formular calificación provisional.

      La cuestión que suscita la resolución de la Audiencia Provincial es la de si concurren el presupuesto de paralización del procedimiento durante tiempo suficiente para que deba ser declarada extinguida la responsabilidad criminal de los imputados acusados.

      Tal y como indica la sentencia, la respuesta se hace depender de la determinación de los actos del procedimiento, ocurridos después del 18 de diciembre de 2001, a los que se les pueda atribuir efectos interruptivos de la prescripción y, en particular, si la declaración de nulidad por auto de 1 de septiembre de 2004, con orden de reposición al trámite dispuesto por resolución de diciembre de 2001 para dar traslado para calificación a los responsables civiles, da lugar a una situación equivalente a la de total inexistencia de dichas actuaciones posteriores a aquel momento o; si por el contrario, pese a la reposición ordenada, los actos posteriores al momento al que se remite la reposición mantienen la efectividad interruptora de la prescripción.

      La sentencia considera que el auto de 1 de Septiembre de 2004, cuya propia parte dispositiva salva de la nulidad que declara los actos que fueron válidos, debe estimarse válido, y de acuerdo con la opinión del Pleno no Jurisdiccional, declara que dicho auto interrumpió la prescripción.

       En efecto, en su FJ3 indica que

     “La aplicación de lo acordado por el Pleno no jurisdiccional implica que las actuaciones nulas, aunque no produzcan el efecto de dejar subsistente lo que en ellos se ordena, en cuanto han existido producen la irrevocable consecuencia de interrumpir el transcurso de tiempo con consecuencias extintivas de responsabilidad por prescripción.

    Tal tesis encuentra su fundamento en el sentido de las expresiones usadas por el Código Penal cuando regula la producción de prescripción por paralización del procedimiento y la interrupción de esa prescripción en curso. En efecto el Código Penal  establece que  el tiempo de prescripción comenzará a correr de nuevo -tras ser interrumpida por la iniciación del procedimiento- cuando éste se paralice. No se corresponde con el sentido de las palabras equiparar actuación nula del procedimiento con paralización del procedimiento.

     Anular  una resolución puede implicar el decaimiento de los efectos establecidos por lo decidido, pero no implica privarle de todos los efectos derivados de su existencia…

     La consecuencia interruptora de la prescripción, inherente a la existencia de un acto del procedimiento, es ajena a su validez y, por ello, aquella consecuencia subsiste si se declara su nulidad. En los sistemas que conciben la prescripción como causa de extinción de responsabilidad criminal de naturaleza material, y no meramente procesal, no recogen la norma que priva de trascendencia interruptora a los actos no válidos. Lo que sí hace el Código de Procedimiento francés, precisamente porque considera la prescripción como un instituto procesal”.

     No se puede concluir el comentario de la sentencia sin significar cual es la posición del magistrado que formula el voto particular, quien considera que si bien del examen de la jurisprudencia de la Sala existe una opinión mayoritaria a estimar que en caso de nulidad de actuaciones, aquellas resoluciones de contenido sustancial que caen dentro del ámbito temporal de la nulidad acordada mantienen su vigencia cuando la causa de la nulidad no les afecta –SSTS 1050/1997, 438/2003 y 263/2005–, también existe una resolución, la STS 1580/2002, que estima que a consecuencia de la nulidad acordada, todas las actuaciones que caigan dentro del periodo de la nulidad decretada carecen de toda virtualidad a los efectos de interrumpir la prescripción, de manera que en este caso, cuando la “vuelta atrás” de la causa a consecuencia de la nulidad declarada supone el transcurso de un tiempo superior al fijado en la Ley para la prescripción del delito, ésta debió declararse.

 

A vueltas con la prescripción: Orden de busca y captura y rebeldía.

“Que DEBO DECLARAR Y DECLARO EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION DEL DELITO LA RESPONSABILIDAD PENAL OBJETO DE ACUSACION FRENTE A …, DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES, CON RESERVA DE ACCIONES CIVILES”.

Cuando te notifican un auto tan temido como éste, además de agarrarte un monumental cabreo por el esfuerzo invertido en el pleito, sólo te queda encontrar, si es que tienes suerte, una resolución judicial que interrumpa la prescripción.

El Tribunal Supremo tiene declarado (entre otras en STSS 1146/2006, de 22-11; 644/1997, de 9-5 o 1097/2004, de 7-9), que solo tienen virtud interruptora aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción, sin que el cómputo se interrumpa por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento. Igualmente afirma que la prescripción opera por la paralización del procedimiento sin tener en cuenta quién ha omitido su impulso.

Dicho esto, surge la inevitable cuestión de qué concretas resoluciones interrumpen la prescripción y si la actitud del imputado o acusado debe tenerse en cuenta a estos efectos.

Por lo que se refiere a las resoluciones que interrumpen la prescripción, es evidente que son intrascendentes, y así han sido calificadas, aquellas resoluciones que hacen referencia, por ejemplo, a la expedición de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones o las meras averiguaciones de domicilio. Sin embargo hay algunas otras que, si bien también se encuentran excluidas, plantean a mi juicio mayores dudas, al estar íntimamente relacionadas con la actitud del imputado, procesado o acusado, como las órdenes de búsqueda y captura o requisitorias y el auto de rebeldía.

Es evidente que en materia penal la seguridad jurídica reconocida en el 9.3 de la Constitución, exige que exista un criterio determinado para establecer cuándo prescribe una causa. Ello no obstante, en determinadas ocasiones, como en los casos de rebeldía o extradición, el plazo de prescripción no debería jugar a favor del imputado, procesado o acusado.

En materia de extradición así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la interesante sentencia de 24 de octubre de 2012 dictada en el recurso de casación 869/2012, pero se niega sistemáticamente la virtualidad interruptiva del auto de rebeldía o a la orden de busca y captura, cuando a mi juicio son supuestos reconducibles a una misma realidad.

En efecto, debería reconocerse el carácter de interruptivos a aquellos actos procesales dictados como consecuencia de la acción elusiva del imputado, procesado o acusado, ya que es él mismo el que se coloca en situación de rebeldía y ello determina la necesidad de su requerimiento compulsivo, ya sea mediante la emisión de órdenes de busca y captura, ya sea reclamando su extradición en el caso de que se encontrase fuera de los límites jurisdiccionales correspondientes, evitando de este modo que el transcurso del tiempo pueda operar en su favor.

En mi opinión, no hay duda de que tanto en el caso de las órdenes de busca y captura como en las solicitudes de extradición, el Estado lleva a cabo acciones persecutorias muy claras, motivadas por la actitud del acusado y con el firme propósito de avanzar procesalmente en la indagación del hecho investigado.

El Tribunal Supremo, en la sentencia citada ut supra, considera sin embargo que mientras que en la naturaleza de la orden de busca y captura subyace precisamente el desconocimiento del concreto paradero del individuo afectado, la extradición por el contrario parte de la base de la aportación por el Estado solicitante de un cúmulo de datos que no sólo permitan la perfecta identificación del sujeto sobre el cual se vierte tal petición, sino muy especialmente de su punto de localización y/o residencia en el territorio del Estado reclamado.

Señala también que son muy diferentes los fines que guían a una y otra, ya que mientras que en la extradición la misiva fundamental es la entrega del sujeto extraditado para su enjuiciamiento en el país reclamante o bien para el cumplimiento efectivo en él de una condena ya impuesta, en el caso de la busca y captura, si presenta el formato de una requisitoria, irá dirigida a localizar al procesado que, ausentado del domicilio designado para notificaciones, no fuere hallado en el mismo y careciere de otra residencia conocida en la que poder localizarlo; también se dictará respecto de quien se hubiere evadido del establecimiento en el que se hallare detenido o preso; e igualmente de quien incumpliere su deber de presentación «apud acta» o ante cualquier llamamiento judicial, estando en libertad provisional (art. 835 LECrim).

Pues bien, en la actualidad, la única manera de que una orden de busca y captura pueda llegar a producir efectos interruptivos es que la misma se encuentre anudada a una medida cautelar de prisión provisional dictada por ignorarse el paradero del imputado o acusado o la necesidad de practicar diligencias que deban entenderse personalmente con el mismo.

En efecto, el Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas ocasiones (por todas ellas SSTS 1501/1998, de 4 de diciembre; 1132/2000, de 30 de junio; 1250/2011, de 22 de noviembre), que el auto de prisión provisional sí interrumpe el plazo de prescripción en cuanto supone una resolución mediante la que se pone de relieve la voluntad de persecución delictiva.

Más recientemente, la STS 965/2012 de 26 de noviembre, dictada en el recurso 10606/2012, además de recoger las sentencias anteriormente mencionadas, indica en el fundamento de derecho primero que:

            “Ha de entenderse por tanto que la resolución en que se acuerda la prisión provisional, dada la relevancia que contiene para el imputado, revela una activación del proceso que impide estimar que este sigue paralizado y que no se está persiguiendo al presunto autor del delito. Si se activa de forma sustancial la busca y la persecución del presunto autor del hecho delictivo mediante su prisión provisional, debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, circunstancia que resulta incompatible con el término “paralización” que recoge la norma penal sustantiva. A fin de cuentas, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria”.

De acuerdo con lo anterior, si bien la busca y persecución del presunto autor del hecho delictivo, cuando se realiza únicamente mediante órdenes de busca y captura o requisitorias no produce efecto alguno respecto a la prescripción, si la misma se realiza mediante su prisión provisional si debe considerarse que se intenta impulsar el proceso y avanzar en la persecución del presunto culpable, y ello porque, como indica el Tribunal Supremo, la prisión provisional implica un reforzamiento de la imputación que precisa siempre de una sólida base indiciaria.

Sin embargo, a mi modo de ver el matiz no tiene la suficiente entidad como para realizar tamaña diferenciación, con las importantes consecuencias que de ello se derivan en cuanto a la extinción de responsabilidad del presunto autor.

Algo similar ocurre con el auto de declaración de rebeldía, excluido expresamente de las actuaciones que tienen efectos interruptivos de la prescripción. La declaración de rebeldía es una consecuencia de la orden de busca y captura infructuosa, y considerada como la situación en que se coloca el imputado con relación al desarrollo del procedimiento en el cual debe intervenir resistiendo a someterse a la autoridad del tribunal. Se trata por tanto de una actuación omisiva (la de negarse a comparecer, eludiendo la acción de la justicia), pero al ser una situación la simple declaración de rebeldía no constituye un acto procesal que pueda interrumpir la prescripción de la acción penal.

Ello no obstante, entiendo que dicha postura resulta incongruente con el hecho de que el Tribunal Supremo si tenga en cuenta la conducta del imputado, procesado o acusado para ponderar si hubo o no una violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

En efecto, en la STS 469/2006 de 28/04/2006 no se apreció la concurrencia de la atenuante por dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 1998 y el juicio oral se celebró en 2005) por haberse hallado el imputado en situación de paradero desconocido durante la instrucción del procedimiento.

Así las cosas, el paso del tiempo no debería beneficiar a quien propicia su inacción. No debe olvidarse que el imputado, procesado o acusado, como parte del proceso, tiene no solamente derechos sino también deberes que cumplir, como el de comparecer ante el tribunal siempre que su presencia sea requerida, por lo que cuando el individuo que es requerido no comparece ante el tribunal voluntaria y deliberadamente eludiendo e interfiriendo en el proceso, dicha actitud no debería redundar en perjuicio de la jurisdicción y de otros individuos que si cumplan con sus deberes, viéndose afectado del mismo modo el principio de igualdad al favorecer la situación del sujeto contumaz, que se substrae a la jurisdicción, frente a la de aquellos que se someten a la misma.

Lo contrario, considerar que la declaración de rebeldía no afecta al transcurso de la prescripción supondría conceder un beneficio de manera injustificada a aquel que decide poner trabas a la acción de la justicia para sustraerse del castigo, lo cual no puede compararse con aquellos casos en los que el hecho o el autor quedan ignorados por jueces y magistrados, o que por culpa de los mismos se paraliza la averiguación de los hechos, en cuyo caso si debe jugar el instituto de la prescripción.