Luces y sombras en la declaración como imputado de la persona jurídica

     La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como es de sobras conocido, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados tipos delictivos.

     Como consecuencia de lo anterior, fue necesario adaptar la legislación procesal a esta nueva posibilidad, dictándose la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal.

        Dado que la Ley Orgánica 5/2010 entró en vigor el 23 de junio de 2011 me encuentro cada vez con más frecuencia con procesos en los que existe imputación de la persona jurídica, habiéndose planteando ya diversas cuestiones prácticas en cuanto a la imputación o declaración de las personas jurídicas y que están siendo resueltas de diferente manera en función del Juzgado que esté instruyendo el proceso.

      En concreto, por lo que a esta entrada interesa, es preciso destacar los artículos 409 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la primera comparecencia de la persona jurídica a efectos de proceder a tomar declaración al representante especialmente designado por ella.

     Esta declaración, según señala el artículo 409 (el 775 contiene su aplicación en el procedimiento abreviado), irá dirigida a la averiguación de los hechos  y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.

     Pues bien, recientemente me he encontrado con la paradoja de que en dos juzgados diferentes me han “negado” la posibilidad de formular preguntas al representante designado por la persona jurídica.

     En el primero de ellos, el representante designado por la sociedad era el propio imputado como administrador de derecho de la misma, a su vez socio único. El juez denegó las preguntas entendiendo que la estrategia procesal de la persona jurídica iba era coincidente con la del administrador imputado.

     En este caso, a pesar del evidente conflicto de intereses, puedo llegar a entender la posición del juzgador al tratarse de una sociedad unipersonal, si bien hubiera sido necesario, a mi juicio, que se hubiera al menos preguntado al citado representante si mantenía la misma versión que en su declaración como imputado persona física y no “rechazar” de plano su intervención, limitándose a preguntarle si conocía la querella y los hechos consignados en ella.

     El segundo es un caso totalmente diferente, donde los imputados son los tres consejeros del consejo de administración de la sociedad. En la actualidad, tras la reciente compra de la mayoría de las acciones de la entidad por otra empresa (apenas dos meses antes), el consejo cesó en su totalidad y fueron nombrados otros nuevos. Y es precisamente uno de estos nuevos consejeros el representante designado por la sociedad para comparecer en el proceso en nombre de la misma.

     La denegación esta vez vino motivada por entender que dada la reciente incorporación del representante designado por la persona jurídica y, en general, de los nuevos consejeros de la misma, esa declaración carecía de cualquier sentido, dándola por finalizada poco después pese a mis intentos de explicar por qué era necesario oírle.

     Considero que el Juez erró con esa decisión, y ello porque a diferencia del anterior, en este caso la estrategia procesal de la empresa, con los nuevos representantes, no tenía por qué ser coincidente con la de los tres consejeros imputados, antes bien al contrario, ya que éstos habían cesado, entre otras razones, como consecuencia de su mala gestión, de manera que hubiera sido en todo punto conveniente conocer la versión de los hechos de la sociedad a través de sus nuevos representantes, incluso aunque hubiera sido en el sentido de apoyar la anterior gestión.

     En apoyo de este argumento no debemos olvidar además, que la reforma también introdujo el apartado 8 del artículo 787, permitiendo la conformidad de la persona jurídica con independencia de la posición que adopten los demás acusados, pensando en la posibilidad de que los intereses de una y otros sean diferentes.

     Parece por tanto que la insuficiente regulación de la participación en el proceso de las personas jurídicas imputadas deja en manos de cada juez el desarrollo de la declaración de las mismas conllevando en mi opinión una clara inseguridad jurídica.

El “inexplicable” efecto de la caducidad en el procedimiento sancionador tributario

     Con esta entrada sólo quiero llamar la atención sobre una cuestión que he descubierto recientemente y cuyo sentido he de reconocer que no alcanzo a comprender.

   Para centrar el tema, os indicaré que está relacionado con la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos sancionadores una vez declarada su caducidad.

   Como es de sobra conocido, el Tribunal Supremo, ya en su sentencia de 12 de junio de 2003, al resolver un recurso de casación en interés de ley fijó la siguiente doctrina legal:

    “La declaración de caducidad y archivo de actuaciones establecidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, artículo 44.2 de la Ley 30/92, no extinguen la acción de la Administración para ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el artículo 92.3 de la misma Ley”

      Así las cosas, como la caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no produce por sí misma la prescripción de las acciones, cabe volver a iniciar un nuevo expediente sancionador por los mismos hechos si éstos no hubieren prescrito.

     No obstante lo anterior, si es posible que la ley establezca otra cosa al respecto, es decir, que se impida la posibilidad de iniciar nuevo expediente sancionador cuando haya caducado.

     Y aquí viene la SORPRESA (con mayúsculas) al descubrir que la única excepción prevista a esta regla (si sabéis de más casos os agradecería que me lo indicarais) es la del procedimiento sancionador tributario.

      En efecto, el artículo 211.4 de la Ley General Tributaria indica que el vencimiento del plazo de 6 meses de caducidad sin que se haya dictado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

     De acuerdo con lo anterior, si es posible (siempre que no haya prescrito la infracción) volver a iniciar un procedimiento sancionador caducado por infracciones de tráfico, medioambientales, laborales, etc., pero no así en materia tributaria, lo cual no deja de resultar paradójico.

      En efecto, no debemos olvidar la clase de infracciones que se sancionan en estos procedimientos de acuerdo con el catálogo establecido en los artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria (v.gr dejar de ingresar deudas tributarias resultante de autoliquidaciones, por solicitar u obtener indebidamente devoluciones, por incumplir obligaciones contables, de facturación, etc), por lo que no se alcanza a comprender las poderosas razones (sin duda alguna debieron serlo) para que el legislador estableciera semejante excepción en una materia tan sensible como ésta.