Tercería de dominio. Adquisición de la propiedad antes de la fecha de la diligencia de embargo o de su notificación.

         Los tres elementos constitutivos de la acción de tercería han sido fijados claramente por la jurisprudencia de la Sala Primera del TS (por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 1999), a saber: “a) que quién la ejercite tenga la condición de tercero en el proceso de ejecución o apremio donde se ha practicado la traba… ; b) que el tercerista identifique el bien o derecho objeto de su pretensión…; c) que el tercerista justifique el dominio o titularidad sobre el bien o derecho trabado de embargo, … al practicarse la traba del embargo, sin que los títulos de fecha posterior tengan virtualidad de levantarlo, siempre que el adquirente supera de esta incidencia o ella estuviera anotada preventivamente”.

          Hace poco me plantearon frontalmente en la vista de una tercería de dominio que la fecha que debe tenerse en cuenta a efectos de acreditar la propiedad del bien trabado era la de la notificación de la diligencia de embargo al deudor tributario y no la fecha de la propia diligencia de embargo, fundando dicha pretensión, de un lado, en los artículos 76 y 83.2 del Reglamento General de Recaudación (por prever ambos la notificación de la diligencia de embargo al deudor tributario) y de otro en dos autos, el Auto de la AP de Huelva de 28 de junio de 2004 y  Auto de la AP de Barcelona (Sección 1ª) de 23 de noviembre de 2006.

          En ese concreto asunto la diligencia de embargo se había dictado en fecha 14 de junio de 2012, y fue notificada electrónicamente por la AEAT el 18 de junio, si bien el deudor tributario no abrió/dejó caducar la notificación a pesar de que era conocedor de que estaba incurso en un procedimiento de apremio, dándose por notificada la diligencia el 29 de junio, 10 días después de su puesta a disposición sin que se hubiera accedido a la misma. Pues bien, en ese supuesto el obligado tributario, el 22 de junio de 2012, tan sólo cuatro días después de que recibiera esa notificación (que como decimos no abrió), otorgaba escritura pública de dación en pago del inmueble embargado, razón por la cual el tercerista sostenía que había adquirido la propiedad con anterioridad a la notificación de la diligencia de embargo.

          Frente a dicha alegación mantuve que la fecha que debía tomarse en consideración era la de la diligencia de embargo, y ello con independencia del momento en que se notificara la misma, que podrá tener determinados efectos, como señalaremos más adelante, pero no los que pretendía el actor.

         1º.- Desde el punto de vista legislativo, hay que tener en cuenta que una vez se dicta la providencia de apremio, que es susceptible de recurso, se da un plazo al deudor para que proceda al ingreso de la deuda tributaria, transcurrido el cual se practica automáticamente el embargo de los bienes, y es una vez realizado el embargo, cuando procede la notificación al obligado al pago y a otras personas, según los casos, como su cónyuge, condueños, etc. Así se desprende, como decimos, de la lectura del artículo 76 del RGR, que indica que “Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al pago…”

      Lo expuesto tiene una consecuencia directa, y es que la validez y eficacia del embargo no queda condicionada por su notificación. Es decir, que el embargo está realizado y es válido desde que se practica la diligencia de embargo, y ello con independencia de la notificación posterior al obligado al pago, que tiene por objeto garantizar la continuación del procedimiento hasta la subasta, razón por la cual se le requieran los títulos de propiedad. Por ello, el momento que hay que tener en cuenta es el de la traba del embargo, no el de su notificación. Dar cabida a la interpretación que se sostenía de contrario supondría dejar a la voluntad del deudor la eficacia del embargo, de manera que evitando su notificación durante un tiempo podría alterar la situación del bien, cosa que evidentemente frustraría el propio embargo, por lo que la interpretación está claro que no debe ser esa.

            En este sentido, resulta quizá más ilustrativo el artículo 587.1 LEC, que al regular el momento en el que debe entenderse practicado el embargo judicial, indica que “El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. El Secretario judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, expidiendo de oficio los despachos precisos, de los que, en su caso, se hará entrega al procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado.”

             2º.- Al hilo de lo anterior, y desde  un punto de vista judicial, pudiera pensarse que dicha norma no puede aplicarse a los embargos administrativos, y así lo considera uno de los Autos citados de contrario, el de la Audiencia de Barcelona de 23 de noviembre de 2006 (sección 1ª).

            Sin embargo, la propia AP Barcelona, pero otra sección (la 13ª), en Sentencia de la AP de Barcelona (Sección 13ª) de 11 de mayo de 2006 indica que “Centrada la cuestión discutida en la validez de la transmisión anterior al embargo, es doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1965 [ RJ 1965, 4441] , 19 de abril de 1971 [ RJ 1971, 2276] , 4 de abril de 1980 [ RJ 1980, 1921] , 24 de noviembre de 1986 [ RJ 1986, 6579] , y 26 de julio de 1994 [ RJ 1994, 6784] ) que el embargo existe jurídicamente desde que la autoridad judicial, u otra autoridad pública, lo decreta…”.

            En igual sentido otras muchas sentencias de Audiencias Provinciales, como las de 10 de mayo de 2010 de Jaén, la de 26 de enero de 2009 de Madrid, o la de 10 mayo 2004 de Granada, en las que se indica que las fechas a contrastar son la fecha de adquisición del dominio, por medio del título y el modo, y la fecha de la diligencia de embargo.

            Pero no solo las Audiencias Provinciales, sino también el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el momento en el que debe acreditarse el dominio del bien objeto de la tercería. En efecto, en Sentencia del TS de 1 de febrero de 1995 indica que Es reiterada y uniforme la jurisprudencia interpretativa en el sentido de referir el momento de la justificación dominical del tercero a una fecha anterior a aquella en que se realizó la diligencia de embargo, causante de la decisión restrictiva del tercero, que en la tercería se combate (SS. de 25 de marzo de 1969, 26 de febrero y 30 de octubre de 1980; 3 de noviembre de 1982; 8 de mayo de 1986; 5 de junio y 31 de julio de 1989; 6 de marzo de 1990)”. Y por su parte, la Sentencia de 15 de junio de 2007 (recurso 2787/2000), señala que “… Es doctrina reiterada de esta Sala que para la prosperabilidad de la tercería de dominio hace falta la concurrencia de dos requisitos, primeramente, que el tercerista haya adquirido el dominio, y, en segundo lugar, que la adquisición del mismo sea anterior a la práctica de la diligencia de embargo (sentencia de 18 de julio de 2005, con cita de numerosas sentencias anteriores, y Sentencia de 14 de marzo de 1986, con cita de la sentencia de 22 de septiembre de 2001)”.

            Como puede comprobarse, el Tribunal Supremo se refiere a que la adquisición del dominio sea anterior a la práctica de la diligencia de embargo, pero no dice nada de la notificación de la misma siendo clara la razón de que no se haga esa precisión: no puede dejarse a la voluntad del deudor la eficacia del embargo, puesto que evitando su notificación durante un tiempo podría alterar la situación del bien y frustrar el propio embargo.

            Y es precisamente el razonamiento sostenido por la Abogacía del Estado el que acogió la Audiencia Provincial de Huesca en su AUTO 131/2013 de 31 de octubre de 2013 (Apelación Civil 240/2013), desestimando el recurso de apelación interpuesto de contrario, al indicar que “Es cierto que el Reglamento General de Recaudación dispone que el embargo, como sucede con todos los actos administrativos en relación con los en ellos interesados, debe ser notificado al deudor, siendo entonces cuando se requieren los títulos de propiedad, pero en ningún momento establece que el embargo carezca de eficacia hasta que dicha notificación tenga lugar. Además la regla general, conforme al artículo 57.1 de la Ley del procedimiento administrativo común es que los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Cierto es también que el párrafo segundo de dicho precepto tiene previsto que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, pero no existe previsión alguna supeditando la eficacia del embargo a su ulterior notificación, por lo que rige la regla general del párrafo primero del artículo 57, de modo que tampoco existe una diferencia relevante con relación a lo dispuesto en el artículo 587.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los embargos realizados por los tribunales. Todos los actos administrativos tienen que ser notificados a los en ellos interesados pero, conforme al artículo 57.2, la notificación sólo aplaza la eficacia en los casos en los que así esté previsto o lo exija el contenido del acto pues, en otro caso, rige la regla general del artículo 57.1 de modo que producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Por todo ello, siendo que la transmisión en favor de la apelante es posterior a la fecha de la traba, la tercería no puede prosperar, por lo que debe ratificarse el auto apelado en este particular si bien, por las costas, el recurso sí que debe estimarse pues con anterioridad este tribunal no se había pronunciado sobre la necesidad de la notificación para la eficacia del embargo practicado conforme al Reglamento General de Recaudación, que es un tema muy discutible en derecho sobre el que existen pronunciamientos de otros tribunales que respaldan la tesis sostenida por el recurrente, por lo que debe omitirse todo pronunciamiento sobre las costas de primera instancia en aplicación el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.